18/98

06 Feb, 2006

18/98 o la voluntad política

General — Escrito por entorno @ 10:34

El 21 de enero se cumplieron tres meses del inicio de la vista oral del juicio 18/98, meses marcados por las irregularidades, la incertidumbre, la tensión y la sensación de arbitrariedad en las acciones de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional.Diagonal

“Estrasburgo me da igual”. Esta frase, pronunciada por la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, se ha convertido en una declaración de intenciones. Podría haber añadido lo que le importan el derecho procesal, las garantías jurídicas o el derecho a la defensa. Esta declaración de intenciones del tribunal se produce en el contexto de la negativa a permitir que los procesados expresaran los motivos –denunciar lo que consideran un juicio político– por los que no responden a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular. Una repuesta contundente a la protesta presentada, ante estos impedimentos, al inicio de la vista por Iñigo Iruin, abogado de la defensa que citaba jurisprudencia del máximo tribunal europeo.
Y ésta es la tónica habitual en las vistas. Desde los primeros días se especulaba sobre la posibilidad de
que la jueza permitiese a las personas encausadas acudir a las vistas únicamente cuando les llegara el momento de declarar. Una de las primeras decisiones de Ángela Murillo fue obligar a los 56 acusados y acusadas a asistir a todas las sesiones, tuvieran o no que ver con la pieza en la que se han subdividido los miles de folios del macrosumario.
Una vez digerida esta decisión del tribunal, comienzan los interrogatorios. Hasta el momento nadie ha respondido a las preguntas del fiscal y el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Pero tampoco nadie ha podido explicar el porqué.
Más adelante se han ido acumulando irregularidades con las pruebas documentales. Ausencia de documentos y de pruebas en la sala, sumarios relacionados que no han
podido ver las defensas, protestas de los abogados que no se han tenido en cuenta y un sinfín de situaciones absurdas y, para cualquier persona ajena al ámbito
jurídico, impropias de un sistema que se supone garantista.
La acumulación de irregularidades ha llevado a la situación actual, a la crisis del pasado lunes 9 de enero. El conflicto estallaba a primera hora de la mañana, ante el inicio de la declaración de Xabier Alegría Loinaz. Su abogada, Arantza Zulueta, presentaba una protesta formal por las irregularidades cometidas respecto a las diligencias 75/89.
Estos documentos han estado bajo secreto de sumario, sin que las defensas pudieran acceder a su contenido hasta días después de haber comenzado la vista oral. Finalmente han podido revisar las 104 cajas que componen estas diligencias durante seis días y con un horario limitado. Lo que se han encontrado es un gran volumen de documentación desorganizada y sin indexar, lo que ha hecho imposible su labor. Tras una jornada tensa, se decide la suspensión de la vista, una vez que
las defensas solicitaran amparo al decano del Colegio de Abogados de Vizcaya. Días más tarde, el tribunal dicta un auto judicial mediante el que se comunica la suspensión de las sesiones hasta el 30 de enero.

Intramuros

Pero lo que nadie cuenta es lo que ocurre dentro de la Audiencia Nacional, durante las vistas y sobre todo, durante los recesos.
Frente a la prensa que muestra como un todo único al grupo de acusados, se evidencian diferencias significativas. Ni los y las abogadas conforman una única defensa, ni todas las personas llevan la camiseta de denuncia de la plataforma “18/98 +”. Las coincidencias
suponen la militancia en determinados movimientos sociales y políticos, pero no existe la unidad ideológica. El caso del abogado de Pamplona, Pepe Uruñuela, es significativo. No pertenece al “nacionalismo vasco” ideológicamente, pero sí a algunos de los movimientos sociales del ámbito libertario de Navarra y a la Fundación Joxemi Zumalabe. No lleva la misma camiseta, no comparte abogados ni estrategia en la defensa. Pero en lo que coincide con el resto de encausados es en lo injusto de su situación.
Sí conforma un todo la AVT. Hay personas que acuden a diario y otras más eventualmente. Todas con su camiseta blanca serigrafiada con una bandera de España y la frase: “A por el 18/98... ¡y más!”.
Y acuden puntualmente las delegaciones de la Asociación Europea de Abogados Demócratas, que han denunciado hasta la saciedad las múltiples irregularidades cometidas hasta el momento. También algunos periodistas que jalean los exabruptos de doña Ángela Murillo desde la sala de prensa.
Y en los recesos, esta amalgama de personas se junta en el espacio que separa las salas del edificio de la Casa de Campo acondicionado para este juicio, sin que nada ocurra.
Pero en definitiva, para quien nunca ha asistido a una vista de estas características, en la que las peticiones del fiscal van desde los diez hasta los 46 años de cárcel de
condena, en la que se juega la vida tanta gente, llama la atención hasta lo alucinógeno la sensación de arbitrariedad. Las personas que se sientan en el banquillo están a merced de un juez instructor–Garzón– que persigue el lucimiento particular, un tribunal presionado por instancias superiores (o al menos esa sensación tenemos quienes asistimos a las vistas,
de otro modo no se explicaría su actitud) y todas las presiones mediáticas y de la AVT que dan por hecho la culpabilidad de las personas encausadas desde criterios absolutamente políticos.

--------------------------------------------------------------------
* Rodrigo Iglesias y Kamala Orozco, de la Plataforma Gu Gara Pepe.


comentarios

Powered by LifeType