[MENORES ] 11 Mayo, 2010 18:55

La reforma de la Ley del Menor, más que una demanda de la sociedad, que lo es,  es un ejercicio de demagogia que práctica el PP con el fin de obtener rédito electoral, puesto que su planteamiento lejos de realizarse con base en datos objetivos y en estiudios autorizados, se realiza mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos para tratar de alcanzar  el poder.

En ese ejercicio demagógico, el PP invoca que la Memoria de la Fiscalía General del Estado para 2008, la cual recogía datos del 2007 y señalaba un aumento en la comisión de los delitos más graves de los menores de edad, como punto de partida para justificar su promesa de reforma de la ley en cuestión. Pero lo que callan convenientemente son otros datos que dicha Memoria  recoge en materia de delincuencia juvenil: 

Así el coordinador de justica del PP en Aragon en el artículo publicado en el Heraldo de Aragón el 10/5/2010, calla que, en lo tocante a delitos contra la vida (lo que puede equivaler a lo que ellos denominan delitos de sangre, tipología que, por cierto, no aparece recogida como tal en ningún tratado de derecho penal), la misma memoria recoge que este tipo de delitos disminuyeron en el año 2006 con respecto al año 2005.

 

También omite cualquier referencia a que dicha memoria denuncia la «falta de centros adecuados» y de una normativa precisa para los menores con enfermedades psíquicas y con problemas conductuales, un tratamiento que consideran «particularmente complejo y problemático»; las deficiencias en centros tanto de protección de menores como de acogida de menores extranjeros, no acompañados, que obligan a una «alerta constante» y a la mejora tanto del personal como de los medios de que se disponen.

 

Asimismo, obvia cualquier referencia a la Memoria de 2009 lo cual sería lógico al estar más próxima en el tiempo. ¿Por qué? Es fácil comprender la razón que un demagogo tiene para ello: esta memoria advierte (págs 203 -207) de una  “subida porcentual del 5.96 en las cifras de diligencias preliminares totales”, es decir, de la cifra de procedimientos en la jurisdicción de menores. Sin embargo, la FGE no atribuye esa subida a la comisión de los delitos más graves de los menores de edad, como indica el Sr. Coordinador de justicia del PP en Aragón, ni a un incremento real de los índices de criminalidad, sino al efecto generado por los nuevos tipos penales introducidos por la reforma de los delitos contra la seguridad del tráfico operada por Ley Orgánica 15/2007, de 30 noviembre, ámbito en el que se ha producido un incremento espectacular.

 

Tampoco interesa al PP que la ciudadanía conozca que la Memoria de 2009 considera de especial interés los porcentajes de utilización de las facultades de desistimiento, respecto de los que también puede apreciarse una cierta estabilización en su uso, en torno al 12-13 por 100, ni tampoco que en 2007 se produjo un descenso de los expedientes de reforma incoados respecto del año 2006, o que la utilización de las posibilidades desjudicializadoras previstas en los artículos 19 y 27.4 LORPM, es decir, una vez incoado ya expediente, ha experimentado un ligero retroceso frente a las cifras del pasado año, aunque pese al retroceso, sigue aplicándose el principio de desjudicialización, consustancial a la jurisdicción de menores.

 

Tampoco conviene al PP airear que la Memoria de 2009 hace hincapié en que  las soluciones extrajudiciales en la jurisdicción de menores cobran cada vez más importancia, pues en ellas puede estar con frecuencia la vía natural de solución de ciertas manifestaciones delictivas que son reflejo de problemas sociales como el llamado acoso escolar, de algunos supuestos de violencia doméstica y de género, y de fenómenos novedosos como la utilización de Internet y las nuevas tecnologías para la comisión o difusión de delitos.

 

Por tanto, la realidad actual es que si se ha incrementado algún tipo de delincuencia juvenil, desde luego, no son los casos graves, violentos y mediaticos que el PP enarbola constamente como justificadores de una reforma de la Ley, cuyos efectos nunca han sido objeto de un riguroso y serio estudio que permita valorar su eficacia y la necesidad de su reforma.

Según el PP , la ley tiene dos deficiencias que hay que subsanar: las penas para los delitos más graves, y para los menores de 14 años, lo que obliga a plantear el debate de su reforma y en ello, dice lleva trabajando desde julio de 2009 para acabar con la impunidad, casar la obligatoriedad de la reinserción con el resarcimiento a las víctimas, y solventar las lagunas detectadas en la ley.

En grandes líneas, el PP reduce la reforma a tres aspectos: rebajar la edad penal del menor a 12 años, endurecer las penas para los delitos de sangre, y reformar las medidas educativas y de reinserción:

 

  1. Según el PP en España, como la edad penal del menor está situada en los 14 años por muy grave que sea el delito, un juez no puede actuar contra ellos: tal afirmación supone un desconocimeinto grave de los recursos que el ordenamiento juridico, compuesto por más normas que las del Código Penal, pone a disposición de los jueces para intervenir en tales casos.

    Tambien afirma el PP que  esos menores deberían someterse a programas de reeducación y reinserción, evitando que sigan profesionalizándose en la delincuencia, lo cual supone otro desconociemiento: el de los recursos que la ley pone a disposición de las adminsitraciones competentes en protección de menores a tal fin. Cosa distinta es que la prevención y protección adolece de medios y recursos económicos apropiados para ello y que los menores esperan en el departameneto de protección hasta que la institución de reforma se ocupa de ellos, cuando es demasiado tarde.

    2. El PP quiere que los menores que cometen delitos muy graves como violaciones, asesinatos y terrorismo, sigan en la cárcel al cumplir la mayoría de edad. Señores del PP,  para eso no es necesario reformar nada porque eso ya es posible con la LO 5/2000 : leánse su artículo 14.

    3. El PP pretende reforzar las medidas educativas y de reinserción que deben acompañar a las sanciones y propone la medida de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y dice que es necesario objetivar la responsabilidad civil de padres para responder por los daños que sus hijos causen: eso ya está previsto en los artículos 7.1 k y 61.3 de la Ley. 

En fin, pura demagogia que a estas alturas de la película no puede ser pasada por alto y debe ser denunciada por quien, sin ser consejero de justicia de ningún partido políctico, conoce en buena medida la situación de las víctimas del sistema de protección o lo que es lo mismo, de los denominados menores infractores a quien va dirigida la LO 5/2000 de responsabilidad penal de los menores.

[denuncia , MENORES ] 17 Diciembre, 2009 23:48

(17/12/09 - Zaragoza) El Grupo de menores de ASAPA ha denunciado esta mañana la situación general y tres casos concretos de vulneración de derechos de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas (MENAs) en Aragón ante la Fiscalía de Menores de Zaragoza.

NOTA DE PRENSA 

Mediante esta nota de prensa, quienes componemos el Grupo de Menores de ASAPA deseamos poner en conocimiento de la opinión pública un hecho que consideramos de extrema gravedad por representar una violación flagrante de los derechos de uno de los colectivos más indefensos de nuestra sociedad: las personas extranjeras menores de edad no acompañadas.

- Según ordena el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño de NN.UU. de 1989, ratificada por España el 30-11-90, la preocupación fundamental de los estados parte será el interés superior del niño.

- Según el art. 39.4 CE, los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

- Por tanto, la condición de menor de edad de una persona prevalece necesariamente sobre su condición de extranjero. Habiendo tenido conocimiento de una serie de casos de similares características acaecidos durante la vigencia de la L.O. 8/2000, habiendo contrastado la información y tras comprobar el carácter recurrente de las prácticas que denunciamos, consideramos que éstas vulneran una serie de derechos de las personas menores de edad y deben ser conocidas y corregidas con urgencia.

- La L.O. 8/2000 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su Art. 35.4 considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública y garantiza la obtención del permiso de residencia a estas personas (cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores) para lo cual impone al organismo que ejerza la tutela la obligación de instar la tramitación de dicho permiso una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. En el caso de renovación, los trámites han de ser iniciados con una antelación de 2 meses a la caducidad del documento –Art. 37 del Reglamento.

- El Reglamento que desarrolla dicha Ley (R.D. 864/2001) establece en su artículo 62.5 el plazo para la concesión de dicho permiso de residencia: 9 meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los Servicios competentes de Protección de Menores y una vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, si ésta no hubiere sido posible.


- Además, para todas las personas menores de edad, la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia de Aragón en su artículo 66.8 declara: “Al menos durante el año siguiente a la salida de los menores de un Centro de protección, se efectuará un seguimiento de aquéllos al objeto de comprobar que su integración socio-laboral sea correcta, aplicando los apoyos técnicos o económicos necesarios. Para ello se recabará la intervención de los servicios sociales comarcales, así como, en su caso, de otros organismos e instituciones de carácter público o privado”.

- En Aragón, estos apoyos se gestionan principalmente a través del P.E.P. (Programa de Emancipación Personal), concediéndose, según las necesidades de los jóvenes distintos tipos de apoyos: personal, económico, residencial o formativo-laboral. Dada la actual coyuntura socioeconómica, resulta lógico pensar que la gran mayoría de ex-tutelados va a precisar cualquiera de estos apoyos, no obstante lo cual la Administración incumple dicha garantía. - Es más: los actos administrativos por los cuales se concede o no la inclusión en el programa parecen presentar, al menos, una serie de preocupantes irregularidades: la propuesta de inclusión o no inclusión en el PEP, cuya realización viene encomendada al coordinador del caso en la “Guía de Actuación Profesional para los Servicios de Protección de Aragón”, no es notificada al menor, y debiera serlo dada su naturaleza de acto administrativo.

- En caso de que el coordinador eleve la propuesta, tanto la Dirección Provincial como los Servicios Centrales proceden a tramitarla hasta su resolución final, resolución estimatoria (en todo o en parte) o desestimatoria que tampoco es notificada al menor, principal interesado en el proceso, tal y como debería seguir cualquier procedimiento administrativo según la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se respeta, por lo tanto, el derecho del menor a ser oído "en todo procedimiento en el que estén directamente implicados y que conduzca a una decisión que les afecte en la esfera personal, familiar o social" (Art. 9.1 L.O. 1/1996 de protección Jurídica del Menor y Art. 13.1 de la Ley 12/2001 de Infancia y Adolescencia en Aragón).

- No sólo encontramos un incumplimiento directo de la Ley por parte de la Administración, sino que también, y atendiendo a los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, entendemos que los actos administrativos por los cuales se viene denegando el acceso al PEP de numerosos jóvenes podrían ser considerados nulos de pleno derecho por haber sido dictados al margen del procedimiento legalmente establecido –o, en todo caso, anulables por dar lugar a la indefensión de los interesados.

- No podemos pasar por alto la comparecencia del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos Castro, ante la Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón, pues dicho responsable institucional declaró a este respecto lo siguiente: “… Otra de las cuestiones que han estado saliendo reiteradamente es que daría la impresión de que a aquellos menores, cuando cumplen los 18 años o están a punto de cumplirlos, los abandonamos. Pues no. Tajantemente, no. Yo no sé de dónde sale esa idea, pero precisamente uno de los objetivos del Servicio de Infancia y Adolescencia del instituto Aragonés de Servicios Sociales es que no se les puede dejar de la mano de Dios…” Señalamos a este respecto que dicha “idea” no es sino un hecho denunciado por trabajadores que del propio sistema de protección y que, de hecho, mucho más que tratarse de un mero objetivo del IASS, dicho seguimiento y apoyo constituye un imperativo legal. Queremos hacer expreso nuestro reconocimiento y solidaridad a aquellos/as educadores/as cuyo compromiso les ha llevado a implicarse en un trabajo de apoyo a algunas de las personas menores de edad que han sufrido esta lamentable situación de desprotección, indefensión y vulneración de derechos.

A continuación relatamos tres de los casos conocidos omitiendo cualquier dato relativo a la identidad de las personas afectadas.

 

PRIMER CASO :Tras tres años bajo tutela de la Administración y de permanencia en un centro de protección de menores, al menor no se le renueva el permiso de residencia al llegar a la mayoría de edad porque no accede al PEP (Programa de Emancipación Personal). El menor tenía su PEP aprobado y concedido, pero una semana antes de cumplir la mayoría de edad es informado, directamente por el Subdirector Provincial, que lo ha perdido por haber tenido abierto un expediente en la Fiscalía de Menores durante su estancia en el centro. Hay que decir que la medida impuesta, motivada por unos hechos sucedidos en verano de 2007, había sido completamente cumplida por el menor mucho tiempo antes de que se tomase la decisión de expulsarlo del PEP. Cuatro meses después de la salida del recurso, ya mayor de edad pero en situación irregular por causas en absoluto imputables a su responsabilidad, el menor es identificado por la policía y detenido por carecer de documentación en regla, iniciándose un procedimiento preferente de expulsión que actualmente se encuentra en trámite.

Debe señalarse también que en este procedimiento abierto se consideran como antecedentes penales los hechos registrados cuando era menor, utilización que excede lo previsto en la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA de la LO 5/2000 de RPM (los datos del Registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de la presente Ley sólo por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 6, 30 y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias).

 

SEGUNDO CASO: Tutelado durante más de un año por la administración, el menor cumple la mayoría de edad sin que se inicie el trámite de solicitud de la documentación a que tiene derecho. Aún sin tener ninguna medida de reforma en su expediente (hecho que, insistimos, en modo alguno constituye un argumento válido para denegar al menor los “papeles”), el menor recibe permanentes reproches por su comportamiento en el centro de parte de su coordinadora de caso, del director del propio centro y de la coordinadora del mismo, tanto para no iniciar los trámites de la documentación como para negarle el acceso a ninguno de los apoyos del PEP. El menor acaba saliendo del centro de protección sin ningún tipo de documentación. En consecuencia, su situación en el momento de alcanzar los 18 años es de una persona extranjera en situación administrativa irregular. Antes de cumplir 18 años, el menor había sido informado de su derecho a obtener la documentación por llevar más de 9 meses tutelado, por lo que comunicó a uno de los educadores del centro su intención de presentar denuncia a la Fiscalía de Menores. Precisamente en el momento en que su coordinadora de caso conoce esa información, plantea la situación a la comisión del Servicio de Menores correspondiente para iniciar el trámite de la documentación de manera urgente. Dicha tramitación de urgencia es denegada por el Servicio de Menores del IASS porque la noche anterior acababa de protagonizar un incidente –que ni siquiera había originado expediente de reforma.


Al día siguiente de cumplir la mayoría de edad, el menor es identificado por la Policía Nacional y detenido por carecer de documentación. Se le inicia trámite preferente de expulsión y, tras ser recurrida con asistencia letrada, la sanción de expulsión se sustituye por una multa de 600€.

TERCER CASO: Nacido en Marruecos, ingresa en un centro de menores de la CCAA de Aragón en el año 2006. La DGA asume su tutela el 11 de Septiembre de ese mismo año y el menor es trasladado a otro centro residencial de la CCAA de Aragón a los pocos meses de su ingreso en el centro anterior. Durante ese tiempo, bajo la tutela de la DGA, obtiene el NIE tramitado por la propia Administración, tal como obliga la Ley de Extranjería en materia de menores no acompañados (Artículo 35. Residencia de menores: Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores). El NIE del menor caducaba el 1 de Septiembre de 2008. Siendo todavía menor y encontrándose tutelado por la DGA, la Administración cesa en sus obligaciones para con el menor y no le renueva el NIE (La Ley de Extranjería establece que las Administraciones deben comenzar los trámites de los permisos de residencia 2 meses antes de su caducidad). El menor deja de estar tutelado por la propia Administración un día después de cumplir su mayoría de edad (2 de Septiembre de 2008). Como consecuencia, el menor es identificado por la policía nacional en 2 ocasiones y, al no encontrarse con sus papeles regularizados, obtiene una orden de expulsión que está siendo actualmente recurrida. El Subdirector Provincial a la Infancia y Tutela del IASS en Zaragoza informó por escrito que “el menor (…), nacido el 01.09.1991, estuvo tutelado por esta Entidad Pública desde el 11 de Septiembre de 2006 hasta el 2 de Septiembre de 2008”, confirmando así que todavía estaba tutelado por la Administración Pública en la fecha de la debida renovación de su NIE.

 

ASAPA –Grupo de Menores Zaragoza, diciembre de 2009

[denuncia ] 30 Noviembre, 2009 00:19

SOBRE TORTURAS E IMPUNIDAD


Con fecha de 26 de noviembre de 2009 se ha procedido al archivo de la denuncia que interpusiera una persona presa en la cárcel de Zuera contra varios funcionarios por haberle propinado una paliza que le ocasionó entre otras lesiones la pérdida de un testículo, el día 14 de junio de 2008.

Se ha archivado porque es lo que se hace siempre que se denuncian torturas, especialmente si el que denuncia es un preso, en términos de garantías jurídicas un paria que no merece ni credibilidad ni conservar su integridad física.

El fenómeno de impunidad que caracteriza estas prácticas está consolidado hasta tal punto que sus víctimas, l@s pres@s que sufren o han sufrido torturas, saben que no merecen la tutela de los tribunales, en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera denuncian, y así se ahorran el mal trago de quedar por mentiros@s, de ser ningunead@s, o peor aún de enfrentar una contradenuncia por atentado a la autoridad, resistencia o desobediencia que probablemente properará en el juzgado, y acabará en más tiempo de condena para ell@s. En 15 años de trabajo como asociación de apoyo a personas presas en Aragón no hemos dejado de comprobar esta realidad de indefensión e impunidad, desde el contacto directo con l@s pres@s y sus familias, tanto privad@s de libertad como en proceso de reincorporación a la vida en la calle.


Archivar (sobreseimiento provisional en fase de instrucción) implica que jurídicamente no existen siquiera indicios de delito contra una persona que ha sufrido entre otras lesiones “contusión frontal y malar derecha”, “herida nasal”, y “rotura del testículo derecho”, ni torturas, ni lesiones del artículo 149 y 150 – mutilación genital- con pérdida, ni tampoco delito contra la integridad moral.

No existen indicios a pesar del informe del especialista del Hospital Miguel Servet que califica de “traumático” el origen de las lesiones que ocasionaron la pérdida del testículo, en contra de la versión de la cárcel que atribuía la pérdida a una dolencia anterior, no existen indicios a pesar de que el abogado del preso haya insistido en pedir la prueba de las cámaras de videovigilancia del pasillo de la galería en la que cumplía esta persona en el momento de los hechos, sin que desde la dirección de la cárcel se haya facilitado, no existen indicios hasta el punto de que ni siquiera se ha considerado tomar declaración a los dos testigos que se identificaban en la denuncia con objeto de que fuera practicada prueba testifical, los dos presos que cumplían en la misma galería en la que se encontraba el agredido en el momento de los hechos.


Hace sólo una semana que su publicó (aunque no se haya hecho público en el sentido de publicitarse debidamente) el informe del Comité Contra la Tortura de la ONU resultante del 5º examen periódico a España, que vuelve a insistir en el incumplimiento de la obligaciones de nuestras autoridades en materia de prevención de la tortura. De la misma forma se han pronunciado recientemente el Relator Especial de la ONU para el tema de la tortura, el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin que como resultado se hayan producido avances eficaces. El reciente nombramiento del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sin que cuente con las competencias necesarias para serlo, y en contra de las previsiones del Protocolo Facultativo de la ONU que regula este órgano, da una idea de la falta de voluntad política real para acabar con esta realidad.

Desde ASAPA nos vemos de nuevo en la obligación de exigir que se tomen medidas tendentes a combatir la incidencia de los casos de torturas, trabajando en particular en el terreno de la prevención, y acabar con la impunidad de quienes los protagonizan.