SOBRE TORTURAS E IMPUNIDAD


Con fecha de 26 de noviembre de 2009 se ha procedido al archivo de la denuncia que interpusiera una persona presa en la cárcel de Zuera contra varios funcionarios por haberle propinado una paliza que le ocasionó entre otras lesiones la pérdida de un testículo, el día 14 de junio de 2008.

Se ha archivado porque es lo que se hace siempre que se denuncian torturas, especialmente si el que denuncia es un preso, en términos de garantías jurídicas un paria que no merece ni credibilidad ni conservar su integridad física.

El fenómeno de impunidad que caracteriza estas prácticas está consolidado hasta tal punto que sus víctimas, l@s pres@s que sufren o han sufrido torturas, saben que no merecen la tutela de los tribunales, en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera denuncian, y así se ahorran el mal trago de quedar por mentiros@s, de ser ningunead@s, o peor aún de enfrentar una contradenuncia por atentado a la autoridad, resistencia o desobediencia que probablemente properará en el juzgado, y acabará en más tiempo de condena para ell@s. En 15 años de trabajo como asociación de apoyo a personas presas en Aragón no hemos dejado de comprobar esta realidad de indefensión e impunidad, desde el contacto directo con l@s pres@s y sus familias, tanto privad@s de libertad como en proceso de reincorporación a la vida en la calle.


Archivar (sobreseimiento provisional en fase de instrucción) implica que jurídicamente no existen siquiera indicios de delito contra una persona que ha sufrido entre otras lesiones “contusión frontal y malar derecha”, “herida nasal”, y “rotura del testículo derecho”, ni torturas, ni lesiones del artículo 149 y 150 – mutilación genital- con pérdida, ni tampoco delito contra la integridad moral.

No existen indicios a pesar del informe del especialista del Hospital Miguel Servet que califica de “traumático” el origen de las lesiones que ocasionaron la pérdida del testículo, en contra de la versión de la cárcel que atribuía la pérdida a una dolencia anterior, no existen indicios a pesar de que el abogado del preso haya insistido en pedir la prueba de las cámaras de videovigilancia del pasillo de la galería en la que cumplía esta persona en el momento de los hechos, sin que desde la dirección de la cárcel se haya facilitado, no existen indicios hasta el punto de que ni siquiera se ha considerado tomar declaración a los dos testigos que se identificaban en la denuncia con objeto de que fuera practicada prueba testifical, los dos presos que cumplían en la misma galería en la que se encontraba el agredido en el momento de los hechos.


Hace sólo una semana que su publicó (aunque no se haya hecho público en el sentido de publicitarse debidamente) el informe del Comité Contra la Tortura de la ONU resultante del 5º examen periódico a España, que vuelve a insistir en el incumplimiento de la obligaciones de nuestras autoridades en materia de prevención de la tortura. De la misma forma se han pronunciado recientemente el Relator Especial de la ONU para el tema de la tortura, el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin que como resultado se hayan producido avances eficaces. El reciente nombramiento del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sin que cuente con las competencias necesarias para serlo, y en contra de las previsiones del Protocolo Facultativo de la ONU que regula este órgano, da una idea de la falta de voluntad política real para acabar con esta realidad.

Desde ASAPA nos vemos de nuevo en la obligación de exigir que se tomen medidas tendentes a combatir la incidencia de los casos de torturas, trabajando en particular en el terreno de la prevención, y acabar con la impunidad de quienes los protagonizan.