La reforma de la Ley del Menor, más que una demanda de la sociedad, que lo es,  es un ejercicio de demagogia que práctica el PP con el fin de obtener rédito electoral, puesto que su planteamiento lejos de realizarse con base en datos objetivos y en estiudios autorizados, se realiza mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos para tratar de alcanzar  el poder.

En ese ejercicio demagógico, el PP invoca que la Memoria de la Fiscalía General del Estado para 2008, la cual recogía datos del 2007 y señalaba un aumento en la comisión de los delitos más graves de los menores de edad, como punto de partida para justificar su promesa de reforma de la ley en cuestión. Pero lo que callan convenientemente son otros datos que dicha Memoria  recoge en materia de delincuencia juvenil: 

Así el coordinador de justica del PP en Aragon en el artículo publicado en el Heraldo de Aragón el 10/5/2010, calla que, en lo tocante a delitos contra la vida (lo que puede equivaler a lo que ellos denominan delitos de sangre, tipología que, por cierto, no aparece recogida como tal en ningún tratado de derecho penal), la misma memoria recoge que este tipo de delitos disminuyeron en el año 2006 con respecto al año 2005.

 

También omite cualquier referencia a que dicha memoria denuncia la «falta de centros adecuados» y de una normativa precisa para los menores con enfermedades psíquicas y con problemas conductuales, un tratamiento que consideran «particularmente complejo y problemático»; las deficiencias en centros tanto de protección de menores como de acogida de menores extranjeros, no acompañados, que obligan a una «alerta constante» y a la mejora tanto del personal como de los medios de que se disponen.

 

Asimismo, obvia cualquier referencia a la Memoria de 2009 lo cual sería lógico al estar más próxima en el tiempo. ¿Por qué? Es fácil comprender la razón que un demagogo tiene para ello: esta memoria advierte (págs 203 -207) de una  “subida porcentual del 5.96 en las cifras de diligencias preliminares totales”, es decir, de la cifra de procedimientos en la jurisdicción de menores. Sin embargo, la FGE no atribuye esa subida a la comisión de los delitos más graves de los menores de edad, como indica el Sr. Coordinador de justicia del PP en Aragón, ni a un incremento real de los índices de criminalidad, sino al efecto generado por los nuevos tipos penales introducidos por la reforma de los delitos contra la seguridad del tráfico operada por Ley Orgánica 15/2007, de 30 noviembre, ámbito en el que se ha producido un incremento espectacular.

 

Tampoco interesa al PP que la ciudadanía conozca que la Memoria de 2009 considera de especial interés los porcentajes de utilización de las facultades de desistimiento, respecto de los que también puede apreciarse una cierta estabilización en su uso, en torno al 12-13 por 100, ni tampoco que en 2007 se produjo un descenso de los expedientes de reforma incoados respecto del año 2006, o que la utilización de las posibilidades desjudicializadoras previstas en los artículos 19 y 27.4 LORPM, es decir, una vez incoado ya expediente, ha experimentado un ligero retroceso frente a las cifras del pasado año, aunque pese al retroceso, sigue aplicándose el principio de desjudicialización, consustancial a la jurisdicción de menores.

 

Tampoco conviene al PP airear que la Memoria de 2009 hace hincapié en que  las soluciones extrajudiciales en la jurisdicción de menores cobran cada vez más importancia, pues en ellas puede estar con frecuencia la vía natural de solución de ciertas manifestaciones delictivas que son reflejo de problemas sociales como el llamado acoso escolar, de algunos supuestos de violencia doméstica y de género, y de fenómenos novedosos como la utilización de Internet y las nuevas tecnologías para la comisión o difusión de delitos.

 

Por tanto, la realidad actual es que si se ha incrementado algún tipo de delincuencia juvenil, desde luego, no son los casos graves, violentos y mediaticos que el PP enarbola constamente como justificadores de una reforma de la Ley, cuyos efectos nunca han sido objeto de un riguroso y serio estudio que permita valorar su eficacia y la necesidad de su reforma.

Según el PP , la ley tiene dos deficiencias que hay que subsanar: las penas para los delitos más graves, y para los menores de 14 años, lo que obliga a plantear el debate de su reforma y en ello, dice lleva trabajando desde julio de 2009 para acabar con la impunidad, casar la obligatoriedad de la reinserción con el resarcimiento a las víctimas, y solventar las lagunas detectadas en la ley.

En grandes líneas, el PP reduce la reforma a tres aspectos: rebajar la edad penal del menor a 12 años, endurecer las penas para los delitos de sangre, y reformar las medidas educativas y de reinserción:

 

  1. Según el PP en España, como la edad penal del menor está situada en los 14 años por muy grave que sea el delito, un juez no puede actuar contra ellos: tal afirmación supone un desconocimeinto grave de los recursos que el ordenamiento juridico, compuesto por más normas que las del Código Penal, pone a disposición de los jueces para intervenir en tales casos.

    Tambien afirma el PP que  esos menores deberían someterse a programas de reeducación y reinserción, evitando que sigan profesionalizándose en la delincuencia, lo cual supone otro desconociemiento: el de los recursos que la ley pone a disposición de las adminsitraciones competentes en protección de menores a tal fin. Cosa distinta es que la prevención y protección adolece de medios y recursos económicos apropiados para ello y que los menores esperan en el departameneto de protección hasta que la institución de reforma se ocupa de ellos, cuando es demasiado tarde.

    2. El PP quiere que los menores que cometen delitos muy graves como violaciones, asesinatos y terrorismo, sigan en la cárcel al cumplir la mayoría de edad. Señores del PP,  para eso no es necesario reformar nada porque eso ya es posible con la LO 5/2000 : leánse su artículo 14.

    3. El PP pretende reforzar las medidas educativas y de reinserción que deben acompañar a las sanciones y propone la medida de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y dice que es necesario objetivar la responsabilidad civil de padres para responder por los daños que sus hijos causen: eso ya está previsto en los artículos 7.1 k y 61.3 de la Ley. 

En fin, pura demagogia que a estas alturas de la película no puede ser pasada por alto y debe ser denunciada por quien, sin ser consejero de justicia de ningún partido políctico, conoce en buena medida la situación de las víctimas del sistema de protección o lo que es lo mismo, de los denominados menores infractores a quien va dirigida la LO 5/2000 de responsabilidad penal de los menores.