"Todos tenemos derecho a opniar" es el lema que ha escogido el Partido Popular para reivindicar al Presidente del Gobierno que someta a referendum las reformas autonómicas, En concreto quieren realizar un referendum con la pregunta: "¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?".

Si nadie nos contase nada podría parecer hasta normal que la oposición parlamentario pida un referendum para temas considerados de importancia. Pero es que nuestro pais la anormalidad y los sobrasaltos no se separan de la cotidiandidad de la politica parlamentaria. Esa politica cada vez más lejana, extraña y compleja de entender. En este caso lo más anormal son 2 cosas, aunque realmente podríamos hablar de infinatas cosas más.

La primera y más evidente es que el Partido que reclama este metedo democratico del referendum es el mismo que hace muy poco tiempo atras tipificó la posibilidad de realizar un referendums fuera de la ley, y que continua negandose a cambiar esa tipificación. En este caso el PP en aquél momento en el Gobierno con mayoría absoluta, tipifico como un delito concreto la convocatoria de referemdums fuera de ley ante la posibilidad de que en el País Vasco se hiciese una consulta ciudadana sobre la reforma estatutaria que propuso el Gobierno Vasco, aprobó el parlamento vasco y rechazó el Congreso español (el mal llamado Plan Ibarretxe). En este caso parece ser que en el Pais Vasco no solo no se podía hacer un referendum, sino que de hacerse tendría una especial tipificación penal. Esta tipificaciónm se hizo al mismo tiempo que se aprobaron toda una batería de modificaciones penales y legales para combatir la delincuencia, el crímen organizado y el terrorismo con un resultado evidente de merma de los derechos entre ellos los derechos a la libre expresión y participación politica.

Y es que la politica parlamentaria de este país da muchas vueltas, y aquí vemos al PP reclamando el "derecho a opinar". Reclamando esto en un momento en el que se ha ilegalizado un partido con un apoyo de más del 10% del electorado. Y en unos tiempos en los que varios miles de personas por haber pertenecido de una forma u otra, más o menos cercanamente, no se les permite de facto presentarse a las elecciones o convocar concentraciones y manifestaciones publicas. Para el PP estas personas no deben tener el derecho a opniar porque su opnión es ilegal y poco querida.

La segunda y también evidente es que lo que pide el PP no es constitucional. Curioso ¿no?. El Partido que más nos habla de la constitución y del "pacto constitucional" hace una propuesta que rebasa la constitcíon que dicen querer defender de las reformas estatutarias. Y es que nuestra democrática constitución, esa tan venerad, dejó muy bien cerrada las formas de participación (sin casi capacidad de elaborar y practicar nuevas formas de participación democrática) politica y de conformación de la opinión reduciendose casi toda posibilidad a los partidos politicos. Fuera de estos, la Iniciativa Legislativa Popular y el Referenduma nacieron como derechos "de exposición" recortados enormemente hasta hacerlos inútiles.

En fin, ya veremos como se va desarrollando este circo mediático.