Como no podía ser de otra forma el debate sobre la cadena perpetua o el endurecimiento de las penas se ha extendido de manera exponencial. Lo que inició Enrique López, portavoz del CGPJ que propuso la cadena perpetua para casos como el de "Mari Luz" con la única intención de desviar la atención de los fallos garrafales de un Juzgado que había sido recientemente inspeccionado por el propio CGPJ, se ha introducido en la cotidianidad de nuestras vidas.
 
Ahora 6 vocales del CGPJ piden su cese y el dice que hablo a titulo personal. Pero el debate ya está ahí y la familia de la niña muerta está recogiendo firmas para pedir la cadena perpetua para violadores y pederastas.
 
El ministro de justicia en funciones argumenta que este caso es una "anomalía" y subraya que en el seno de la justicia "no existe un problema estructural grave". Pero esto ya llega tarde y la cortina de humo sobre el penoso funcionamiento de la justicia en España ha sido tapada por un debate de exaltación de la venganza.
 
Poco o nada se está hablando de como es posible que haya ocurrido lo que ha ocurrido... y no solo ha sido el mal funcionamiento del Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, sino que además la inspección que hizo el CGPJ no descubrió nada. Pero no solo el Juzgado de lo Penal, sino que luego la Audiencia Provincial tardo, según El Pais, 31 meses en redactar la sentencia, toda una proeza en la eficiencia en el trabajo. Una jueza de Motril comienza hoy a ser juzgada por un delito contra los derechos fundamentales al haber olvidado liberar a un preso que estuvo más de un año en la cárcel por un delito del que había sido absuelto. 
 
¿Tenemos que asumir como secundario el debate sobre el incorrecto funcionamiento del poder judicial y aceptar un debate sobre el endurecimiento de las penas para determinados delitos?
 
Pero el problema es que en la calle es más fácil decir que Santiago del Valle tendría que estar en la cárcel para toda la vida en vez de decir como es posible que el Poder Judicial haya actuado tan mal en este caso y preguntarse sobre si es una actuación anómala o cotidiana. Debatimos sobre las penas, pero no somos capaces de sacar a la luz un debate sobre el poder judicial, sobre como hacerlo más democrático y eficiente, sobre quien debe controlarlo e inspeccionarlo o sobre a quien deben rendir cuentas...
 
Escasas son las intervenciones en las que los jueces están reconociendo su culpa, reconocimiento que debería llevar de forma explicita que el problema en este caso no era la duración de la pena sino el mal funcionamiento del juzgado.