[ actualidad ] 08 Abril, 2010 19:39

En el video emitido por el diario "el pais" se ve unos señores vestidos con un mono azul y con cascos y porras apaleando a manifestantes que se oponen a los derribos en el barrio de El Cabanyal. A pesar de ello el texto de El Pais dice que "La Policía Local junto con la ayuda de la Nacional ha cargado duramente contra los allí presentes". (el mismo video y noticia en el publico)

Desde luego que los alcornoques de la policia municpal se esfuerzan en hacer daño, sobretodo al que se sube a una excavadora (por cierto, segun EFE, el y otro más que se sube han sido detenidos), pero la actuación de la Policía Nacional es impresionante...

Desde luego, que del video no da la sensación de que sea la Policia Municpal la que actua con la ayuda de la Nacional, sino más bien que, después de una dura carga que deja a los manifestantes en el suelo, la policía municpal interviene. ¿Porque lo cuentan así? El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha lamentado "la persistencia" de las decisiones de la alcaldesa de Valencia.Lo de Rita el no lo controla, pero a sus funcionarios de la policía si, ¿no es lamentable su actuación? 

Nota de prensa de la plataforma Salvem el Cabanyal:

La Plataforma y los vecinos del Cabanyal somos objeto de violencia por parte del Ayuntamiento y de la Delegación de Gobierno

8 abril, 2010

La Plataforma Salvem el Cabanyal es un movimiento ciudadano para la defensa del patrimonio de todos, por medios legales, y que condena con firmeza la violencia.

Denunciamos que una vez mas hemos sido victimas de la dictadura del Partido Popular de Valencia, que intenta justificar los derribos en nuestro barrio, cuando estamos pendientes de un proceso judicial que, en poco tiempo, podría resolverse.

La Plataforma Salvem el Cabanyal esta desconcertada e indignada, tras 12 años de recursos judiciales y tras la sentencia del Tribunal Supremo y la Orden Ministerial, que suspende la ejecución del PEPRI, por expolio.

Está semana hemos tenido que ver como la policía local, a las ordenes del ayuntamiento y personalmente por el Concejal Domínguez, destruyen aceleradamente nuestro patrimonio,  y como la policía nacional a las ordenes de la Delegación de Gobierno nos agrede con brutalidad inusitada.

Nos sentimos abandonados por la Delegación y Sub Delegación del Gobierno de España que solo han defendido  las actitudes dictatoriales del PP al mandar los antidisturbios a proteger  la innecesaria decisión de los dictadores en lugar de proteger a los ciudadanos.

Lo que diferencia a una policía en un régimen democrático, a una policía en un régimen dictatorial, es la consideración que la policía tiene de la ciudadanía, de su integridad física y de sus derechos fundamentales. La policía nacional y municipal, hoy se han comportado como una policía dictatorial como se puede ver en todos los vídeos publicados por los medios de comunicación.

Estas son las razones por las que pedimos responsabilidades en la Delegación de Gobierno y del Ayuntamiento, por no saber administrar los recursos policiales de seguridad ciudadana que hemos puesto todos en sus manos. Por estas razones el Delegado del Gobierno y el Subdelegado deberían presentar inmediatamente su dimisión.

Por su parte el Partido Popular como partido antidemocrático, que lo es, no debería tener en sus manos la administración de los intereses generales.

El Partido Popular utiliza el poder que el sistema democrático pone en sus manos para satisfacer sus intereses particulares y sus compromisos con los grupos económicos que les financian ilegalmente para ayudarlos a perpetuarse en el poder.

 

[ General ] 08 Abril, 2010 16:50

Via Jorge, he leído el artículo "El enigma de las cintas del 23-F" del periodico "cuarto Poder". Un interesante artículo:

 

El enigma de las cintas del 23-F

Se dice pronto, pero la historia viene de lejos. Les cuento: cuando el diputado de IU Gaspar Llamazares leyó el relato de Javier Cercas sobre la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, se puso ante el teclado del ordenador y redactó una serie de preguntas al Gobierno sobre el paradero de las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los golpistas. Concretamente, Llamazares preguntó: “¿Dónde están y quién custodia las grabaciones de las conversaciones telefónicas que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981 entre los ocupantes del Congreso de los Diputados y el exterior del edificio?”.

Al margen de que Cercas hubiese escrito un libro para “hacer comprensible” el golpe y que lo entendiera un chino, como él mismo dijo, su relato llevó a Llamazares a considerar que las grabaciones de las conversaciones de los golpistas eran un elemento imprescindible para conocer la dimensión de las tramas golpistas y las implicaciones de algunos personajes que quedaron al margen de la acción de la justicia.

El diputado se reunió con varios investigadores e historiadores especializados en la materia, quienes le trasladaron su preocupación por el paradero de un material fundamental para conocer la historia. Llamazares eliminó cualquier tinte judicial a su pregunta y le imprimió un sesgo meramente académico, completándola con la siguiente interrogación: “¿Tiene el Gobierno la voluntad de hacerlas públicas y ponerlas a disposición de los investigadores?”.

Llamazares no dirigía sus preguntas a un ministro en concreto sino al Gobierno en su conjunto. Las registró el 20 de abril de 2009 y tres meses después no había recibido respuesta. Tras ese periodo reglamentario pasaron otros ocho meses sin respuesta. El diputado daba por hecho que le responderían. “Una pregunta más, otra petición de datos en saco roto”, decía.

Mas hete aquí que el otro día, concretamente el pasado 1 de abril, con el Congreso cerrado por vacaciones de Semana Santa, recibió esta contestación: “En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señala que el Ministerio de Defensa no tiene constancia de la existencia de las citadas grabaciones y, por lo tanto, ninguna información sobre la situación o localización de este material”.

¿Por qué Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia –antiguo CESID–, se daba por aludido y no Interior? ¿No era, acaso, la policía la encargada de pinchar los teléfonos ante un delito flagrante? ¿Tiene constancia Interior del paradero de esas cintas? ¿Y el Presidente del Gobierno? ¿Y la Dirección General de Archivos?, se sigue preguntando Llamazares tras un año de espera.

Si ya dijo Antonio Machado que toda espera es espera de seguir esperando, en el caso que nos ocupa puede serlo más todavía por efecto de la ley franquista de secretos oficiales de abril de 1968. Las grabaciones fueron clasificadas como secreto de Estado por el Gobierno de Calvo Sotelo. Y los ejecutivos y legisladores democráticamente elegidos, que 29 años después de aquellos hechos invocan la “sociedad del conocimiento”, no han querido desclasificarlas ni elaborar una norma más respetuosa con el derecho de acceso a la información. De este modo, los diálogos de los golpistas visibles e invisibles seguirán velados y vetados al conocimiento propiamente dicho.

 

 

[ General ] 08 Abril, 2010 13:19

Hoy la banda sonora del día son "99 posse":

"Comuntwist"

  y "El Pueblo Unido"