"Cada artículo de la Constitución contiene su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad" (Karl Marx).
Hace ya algunos meses el portavoz del Consejo General del Poder General (cgpj), Enrique López proponía emprender las reformas necesarias para que se pudiese aplicar condenas de prisión perpetuas. El portavoz, que en esa ocasión fué poco apoyado comentaba que esta medida es plenamente constitucional.
En aquel momento, mes de abril, este portavoz pedía la revisión de los topes máximos (30 o 40 años según el caso) a los que se puede ser condenado un culpable. El portavoz saco "el debate" al calor del caso Mari luz. Aquellas declaraciones levantaron mucho revuelo. Incluso 6 vocales compañeros suyos del CGPJ, pidieron su cese. Ahora es el propio presidente del Tribuanl Supremo y del CGPJ quien también pide también la posibilidad de la cadena perpetua revisableha defendido la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable. al igual que pedía Enrique López. Adolfo Prego, otro miembro del CGPJ también ha defendido esta semana pasada la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable. No parece que esta vez exista mucho revuelo, debe ser que al ser verano la intención es más bien ir acostumbrandonos a un debate securitario que solo tiene una solución: aumento de penas
En esta ocasión el PP, por boca de su portavoz para asuntos de justcia Federico Trillo, ha declarado que el debate sobre esta cuestión está "superado" y que se quieren centrar en el cumplimiento integro de las penas, elemento este en el que está muy cerca de las posturas del PSOE.
La reforma está servida. En los acercamientos que se están dando entre los dos grandes partidos hay un consenso importante en una reforma del codigo penal que endurezca las condenas a los condenados por terrorismo y otros delitos que "generan alarma social" como ya ha afirmado el ministro de justicia.
Y de fondo en el debate que abran estos dos partidos tendremos lo que ya reclama un sector importante de la magistratura y una buena parte de los medios de comunicación: Cumplimiento íntegro de penas y cadena perpetua "revisable"...
Esta reforma del PSOE será la del endurecimiento de las penas y la del cumplimiento íntegro, o "efectivo" como han querido matizar en alguna ocasión ellos mismos y ellas mismas. También será la reforma para la implantación de penas post-delictuales y medidas de control.... ¿un camino hacia la cadena perpetua?
Despuiés de haber aprobado una directiva para endurecer las condiciones de acceso y permanencia de los y las migrantes, "los 27" trabajan en un nuevo texto en materia laboral, que aprobarán hoy lunes, y que, entre otras cosas, amplía hasta 65 el máximo de horas de trabajo a la semana, y en contratos de menos de cuatro meses, a tiempo ilimitado.
A parte de otras lindeces el texto que lo más seguro es que se apruebe hoy lunes la propuesta con respecto al tope máximo de la jornada laboral es alargar más allá de las 48 horas la jornada semanal de un trabajador o trabajadora.
Estamos asistiendo a la Europa de los derechos sociales viendo como la gestión se ha convertido en una progresiva liquidación de lo poco que nos queda de nuestro derechos.
También se prevé que los trabajadores y las trabajadoras de ETT's no se equiparen en derechos a los asalariados hasta que transcurran 4 meses desde su incorporación a una empresa.
Las directivas dela Unión Europea solo fijan el techo o el tope máximo, después la normativa laboral la decide cada estado así que deberá ser cada gobierno el que decida si quiere modificar o no su legislación y fijar su jornada laboral acorde con sus procedimiento internos...
Recientemente el Congreso ha instado al congreso a crear un registro de "pederastas" además de realizar las "necesarias reformas legislativas y penales" para introducir el cumplimiento "efectivo de las penas" y evitar la reincidencia. Todo ello motivado por el escándalo del "caso Mari Luz".
La inciativa del congreso de instar al gobierno parte de un Proposición No de Ley del Paritod Popular que se reunión con la familia de mariluz y se comprometió hacer este petición. Básicamente endurecimiento de las penas, registro de pederastas, y cumplimiento "efectivo" de penas (el PP pedía cumplimiento íntegro de penas). PP y PSOE (junto con CIU y PNV) se pusieron de acuerdo en esto temas securitarios, las diferencias, de matices, no fueron sustanciales y xse pudo conciliar.
Todo un logro... La APDHA en un reciente comunicado ha dicho que "Legislar en caliente ante cualquier problema social, suele tener malos resultados. Las leyes necesitan análisis y reflexión y las normas penales no son la solución a cualquier tipo de conflicto social." No la han entendido así estos cuatro grupos parlamentarios que alegremente se han lanzado a solucionar un problema mediatico que ha calado hondo en la sociedad en vez de analaizar y reflexionar sobre las cuasas y los porqués del caso mariluz.
Comenta la APDHA que "El caso de la pequeña niña de Huelva no es consecuencia de una liviana legislación, sino que es la consecuencia de un gran fracaso social que parte desde los servicios sociales comunitarios, pasando por una inexistente atención pública a los problemas de enfermedad mental, por la inservible utilización de las penas privativas de libertad que no llevan aparejadas ningún tipo de tratamiento individualizado tal y como establece nuestra constitución y culminando con el estropicio ocurrido por una mala aplicación de las leyes por parte de la administración de Justicia".
Los grandes partidos ya se han lanzado. Cuando el debate ya está en la calle "se comenten delitos porque las penas son bajas y los condenados salen pronto" ya es tarde para actuar y para partidos con nula vocación de transformación lo único que les queda es legislar continuando la corriente.
Entender el dolor de una familia no supone ponerla como termometro de posibles cambios. El derecho penal no es el derecho de las víctimas. Parte importante del nacimiento del derecho penal "moderno" tien que ver con quietar la acción a la víctima para esta sea sustituida por el estado garante de bienes colectivos y de la "re educación y reinserción" frente a la esperada venganza que piden las victimas.
Recientemente Felix Pantoja, vocal en el Consejo del Poder Judicial fué criticado por la madre de sandra Palo por decir que "las víctimas buscan venganza". Este vocal decía que "hay que distinguir entre el dolor de la víctima y lo que tiene que hacer un legislador". Las duras criticas recibidas por los medios de comunicación y por "las victimas" dan la sensación de que vamos perdiendo uno de los hilos conductores quehan movido al derecho penal desde el 1960
La APDHA dice que "El estado tendría que hacer frente al fracaso de sus políticas y errores, asumiendo fuertes indemnizaciones que si bien no calmaran el dolor, si harán sentir que las víctimas son apoyadas y que existe un reconocimiento por parte del estado de su error".
Lo que no puede ser es que frente a un grave error de funcionamiento de la justicia la única salida sea el endurecimiento de las penas. ¿De verdad es lo más importante en estos momentos? ¿Queremos solicionar un problema o calmar la sensación de miedo?
Se ha levantado un escándalo más que interesante con la noticia de que un total de 269.405 sentencias penales están a la espera de ejecución en España o, lo que es lo mismo, más de un cuarto de millón de delitos (o faltas) permanecen sin castigo, a pesar de haber sido juzgados.
Según nos han informado esta cifrasalede un informe del propio Consejo General del Poder Judicial. La acumulación de casos penales sin ejecución se enmarca dentro de un contexto de notable atasco judicial en España. Al término de 2006, según el CGPJ, la carga de trabajo en las cinco órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar– rebasó los ocho millones de asuntos ingresados y superó los 2,3 millones de causas sin resolver.
Un verdadero embrollo de compleja solución. Los Jueces han salido al paso y han declarado que'la expresión 'pendientes de ejecución' no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo', afirma Martínez Lázaro en un escrito dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, que mañana analizará el informe del Servicio de Inspección sobre los Juzgados Penales de Ejecutorias.
Sin lugar a dudas este informe es más que matizable sobretodo con las informaciones públicas y mediaticas que se están realizando. No es lo mismo un homicidio que un hurto o una falta de calumnias. Aún así las cifras asustan.
El ministro de justicia en funciones argumenta que este caso es una "anomalía" y subraya que en el seno de la justicia "no existe un problema estructural grave". Pero esto ya llega tarde y la cortina de humo sobre el penoso funcionamiento de la justicia en España ha sido tapada por un debate de exaltación de la venganza.
Poco o nada se está hablando de como es posible que haya ocurrido lo que ha ocurrido... y no solo ha sido el mal funcionamiento del Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, sino que además la inspección que hizo el CGPJ no descubrió nada. Pero no solo el Juzgado de lo Penal, sino que luego la Audiencia Provincial tardo, según El Pais, 31 meses en redactar la sentencia, toda una proeza en la eficiencia en el trabajo. Una jueza de Motril comienza hoy a ser juzgada por un delito contra los derechos fundamentales al haber olvidado liberar a un preso que estuvo más de un año en la cárcel por un delito del que había sido absuelto.
¿Tenemos que asumir como secundario el debate sobre el incorrecto funcionamiento del poder judicial y aceptar un debate sobre el endurecimiento de las penas para determinados delitos?
Pero el problema es que en la calle es más fácil decir que Santiago del Valle tendría que estar en la cárcel para toda la vida en vez de decir como es posible que el Poder Judicial haya actuado tan mal en este caso y preguntarse sobre si es una actuación anómala o cotidiana. Debatimos sobre las penas, pero no somos capaces de sacar a la luz un debate sobre el poder judicial, sobre como hacerlo más democrático y eficiente, sobre quien debe controlarlo e inspeccionarlo o sobre a quien deben rendir cuentas...
Escasas son las intervenciones en las que los jueces están reconociendo su culpa, reconocimiento que debería llevar de forma explicita que el problema en este caso no era la duración de la pena sino el mal funcionamiento del juzgado.
Después de saltar a todos los medios de comunicación la noticia sobre la situación jurídica del presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha "considerado" necesario abrir un debate en España sobre la posibilidad de imponer la cadena perpetua a los condenados que presenten una alta «peligrosidad social» para evitar así «reincidencias».
El hecho de que el acusado del crimen de Mari Luz Cortés en Huelva pesen dos condenas ha sido suficiente para que este portavoz o para que el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Canalda, consideren oportuno este debate sobre la cadena perpetua. El Defensor del Menor cree que que apostar por la cadena perpetua «no es descabellado» en cuestiones como la pederastia o el terrorismo, áreas en las que se produce, a su juicio, una reiteración sistemática en el delito. Por supuesto que no nos han dicho cuantas personas más hay en esa situación, o la tasa de reincidencia o cualquier otro dato con el que se pueda abrir algún debate (no este...).
Para cerrar el circulo el editorial del ABC nos dice directamente que este "es el momento de abordar en serio un cambio de la justicia penal, que debe empezar por arrinconar todos los prejuicios pseudo progresistas que saltan como alarmas en cuanto alguien se atreve a negar el valor absoluto de la rehabilitación como fin de la pena, o a hablar de la peligrosidad de determinados delincuentes, que se prolonga más allá de la condena una vez cumplida".
Los prejuicios "pseudo progresistas" a los que hace referencia el ABC o el propio portavoz del CGPJ son entre otros el artículo 25.2 de la constitución que dice que "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social", obstáculo/prejuicio que Enrique López salva diciendo que es "perfectamente constitucional siempre que se establezca un juicio de revisión".
Esto si que es una pirueta, pero solo en el googlenews hay 250 noticias sobre la petición de apertura de este "debate", una pirueta muy peligrosa que puede apuntalar aún más el populismo puntivo comunicativo con su sed interminable de vengaza e inmediatismo.
En el Blog de Antonio José Muñoz "Un letrado al teclado" aparecen dos vídeos de una conferencia del Juez de Menores Emilio Calatayud (aquí una entrevista de este juez), un juez conocido por sus sentencias en Granada. A pesar de las burradas y "costumbradas" que suelta en la conferncia con el fin de decir la tipica frase que suene bien y de aplauso fácil, creo que el video tiene algunas partes interesantes -sobretodo la segunda parte- sobre los menores, aún así no coincido en muchas de sus afirmaciones.
Aunque son noticias que quedan olvidadas en los confines de la prensa sindical y rara vez pasan esa frontera de vez en cuando reconforta ver sentencias de este tipo.
El juzgado de lo Social nº 34 recientemente ha fallado en sentencia que las empresas Unitono Servicios Externalizados SA (que pertenece a Randstand) y Telefónica Móviles España SAU han incurrido en cesión ilegal de trabajadores.
La sentencia tendrá como consecuencia que los trabajadores y las trabajadoras se les considerará a todos los efectos como indfinidos e indefinidas en Telefónica Móviles.
Las pretensiones de la demanda, promovida por la CGT, han sido estimadas en su totalidad. Según este sindicato esta sentencia viene a confirmar que "el telemarketing es una pantalla en la que se escudan las grandes empresas de comunicaciones, banca, servicios e incluso muchas administraciones públicas, como pueden ser los servicios de emergencias o incluso la Hacienda Pública, para subcontratar servicios como si fueran obras o contratas, cuando en realidad son elementos productivos propios y que tienen una continuidad garantizada en el tiempo".
Este tipo de empleos a los que se refiere la CGT tienden a estar sustentados por las capas laborales más desprotegidas por una legislación pensada para intervenir en un mercado que ya no es el que era caracterizado por el pleno empleo, la estabilidad y las relaciones laborales indefinidas.
Aunque la sentencia seguramente será recurrida en suplicación frente al Tribuanl Superior ya genera un poso importante y abre vías para continuar con la lucha frente a la falsa externalización y el fraude en la contratación así como en la cesión ilegal de trabajadores.
El 18 de Noviembre de 2005 se aprobaba una Ley, la 22/2005 por la que se incorporaba al ordenamiento jurídico diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad. Hasta aquí no habría ningún problema...
Pero esta norma traía una incorporación bastante curiosa era su disposición adicional primera que versaba sobre "Relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos" Ahí es nada, curiosa forma de "(des)regular" a un sector de trabajadores y trabajadoras en este país, mediante una disposición adicional en una ley sobre energía...
Gracias a esta norma el artículo 2.1 del estatuto se completaba con un relación laboral más especial, junto con los deportistas, los empleados del hogar o los altos directivos se unen los abogados. En la práctica lo que se hizo fué una amnistía a los grandes despachos de abogados que mantenían relaciones marcantiles con sus trabajadores. Muy pronto algunos decían que no podrían sufragar los costes de las altas en la seguridad social. Increíble pero cierto, existe gente que sin más quiere tener trabajadores sin darlos de alta.... y el tratamiento es como si no pasase nada. ¿Alguien entendería esta frase en boca de un constructor? La gente se tiraría a su cuello. Pero parece ser que aquí ya no pasa mucho, la gente incluso puede llegar a solidarizarse con estos despachos.
Recientemente "la historia se repite", ahora con los autónomos. Otra gran figura por la que diversas empresas deslaboralizan sectores profesionales enteros. Los abogados antes eran -y ahora muchos continúan así- contratos mediante contrato mercantil. Ahora se puede elegir, entre la relación especial laboral de los abogados o las nuevas tipologías que se han englobado en el estatuto de los autónomos. Con la diferencia que los "autónomos dependientes" -bonita frase contradictoria: autónomo, dependiente- tienen 18 días de vacaciones... todo un logro en las políticas de negociación colectiva.
El mercado se va transformando y nosotros no es que vayamos siempre por detrás sino que vamos apuntalando la huida del mercado de las relaciones laborales clásicas en favor de modelos más flexibles de relaciones contractuales que se basen en el pacto y el mutuo acuerdo como fuentes de ordenadores de estas relaciones que pasan de ser laborales a mercantiles o civiles.
El Consejero de Justicia de la Comunudad de Madrid va a proponer al ministro de Justicia que los menores que han cometido delitos graves ingresen en prisión cuando cumplan 18 años.
Y esto lo dice a pesar de que el propio Consejero de Justicia comente en la misma rueda de prensa, en la que solicita la reforma de Ley del Menor, que el 83% de los menores se rehabilitan. O lo que es lo mismo, según este consejero algo más de 8 de cada 10 menores se "rehabilitan". La cifra del 83% más que ha "rehabilitados" hace alusión a los que reinciden (un 17%), no a los rehabilitados, que eso es otra cosa.
Para el resto de los menores, esos 2 de cada 10, según los datos del consejero, no cabe ver que ha pasado con ellos sino simplemente que cumplan con su camino de la carcel.
Para el Consejero es mejor (o sencillo) incidir en la dureza de lo negativo y especialísimo que en lo positivo. La medida que propone este político puede ser buena, mala o regular pero desde luego el motivo que le impulsa no puede ser peor. De ser ciertas esas cifras el "problema" no se soluciona con mayor dureza de la ley ni con titulares de prensa alarmistas.
Pedía la polícia la semana pasada, a proposito del caso Madeleine, tranquilidad, a la sociedad en general y a los padres y madres en particular, diciendo que las desapariciones de niños y niñas no han aumentado. Arduo trabajo tiene la polícia si pretende tranquilizar los ánimos sociales caldeados por un supuesto aumento de la inseguridad.
Las vueltas que damos con la sensación de inseguridad son sorprendentemente realizada a golpe mediático de casos excepcionales. La nueva reforma de la Ley Penal del Menor (Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000) habla en su exposición de motivos directamente de que "debe reconocerse que, afortunadamente, no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social.". En estos días, además del caso Madelein también tenemos en boca de medios de comunicación el caso de Sandra Palo.
Es curioso que nuestras leyes y policías ya no se preocupen de bajar la criminalidad y que tengan como nuevo objetivo prioritario "combatir" la sensación de inseguridad. Y a pesar de reconocer la exposición de motivos que que los delitos de carácter violento no han aumentado considerablemente -al menos el caso de los mejores- las medias que ofrecen es, como no puede ser de otra manera, el aumento de las medias impuestas a los jóvenes.
¿Se podrá así reducir la sensación de inseguridad? Pensar que usando el derecho penal y a los jueces podemos resolver los "problemas de la sensación de inseguridad" es como pensar que puedes solucionar un problema de mosquitos a cañonazos. Pero aquí todos contentos y contentas con el aumento de las penas sin abrir ninguna reflexión sobre las causas de la "inseguridad" y de los delitos, centrandonos solo en las consecuencias...
El 23 de Abril El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, anunció que los populares propondrán la reforma de varias leyes y normativas para "atajar la criminalidad en España y evitar la sensación de impunidadque tienen los delincuentes". No es el primer comentario de gente de este partido en esta línea, hace no mucho tiempo, durante la conferencia electoral y programática del PP el propio Rajoi calificaba "la inseguridad ciudadana como el gran fracaso del Gobierno del PSOE, de los que aseguró que ni creen ni saben proporcionar seguridad a los españoles". El PP "demanda más policías en las calles", para que "la gente esté segura". El PP sin complejos.
El PP va incrementando su discurso y se introduce agusto en el populismo punitivo de cabeza. Ya el 13 de febrero el PP decía que [este año] ha sido el año más "inseguro" y "el de mayor delincuencia" de los últimos diez años, pasando de expresarque existe una alternativa “seria” con políticas “sólidas”, que es la del PP el 1 de Marzo y consolidando el ciclo populista ahora diciendo que el PP "hace de la seguridad ciudadana una de sus prioridades máximas" de cara a las elecciones de mayo y explicó que para ello apuesta por incrementar el número de policías, crear agentes de proximidad y reformar leyes. En concreto, los 'populares' propondrán en el Congreso modificarla Ley del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Régimen Local, el Código Penal y las normativas que regulan la reincidencia y la prisión provisional.
Dice el PP que su objetivo es lograr "evitar que el delincuente se sienta impune". Toda una declaración de intenciones que tiene su lógico camino en políticas electorales como el video electoral del PP en Badalona en el que directamente se roza la xenofobia y nos muestra un partido pletórico y sin complejos.
El mayor peligro es que mientras la derecha azuza estos miedos el resto de partidos duda y no sabe donde colocarse ante un contrincante político que se mueve muy bien en la caverna de los miedos y las fobias.
Hoy domingo los dos grandes partidos han sacado a relucir las grandes líneas maestras de los programas electorales autonómicos y munipales. Curiosamente hay una cosa que se repite en los dos aunque con propuestas diferentes.
El PP ha "calificado" por boca de su presidente, Mariano Rajoy, que "la inseguridad ciudadana
como el gran fracaso del Gobierno del PSOE, de los que aseguró que ni
creen ni saben proporcionar seguridad a los españoles". El PP
"demanda más policías en las calles", para que "la gente esté segura"
Mientras el PSOE, par dar una sensación contraria a este panorama del PP contra propone asingar un policía local a cada centro escolar. Policías-tutores en los colegios. Según informa hoy el Pais "Se asignará un agente de la Policía
Local a cada centro escolar, llamado "agente-tutor", para garantizar
una atención cercana, permanente y especializada a la comunidad
escolar. El absentismo, el consumo de drogas, la violencia, entre otras
causas, justifican la creación de esta figura que atenderá no sólo lo
que pueda ocurrir en el centro, sino también en su entorno. Este
agente, de paisano, se integrará en los consejos escolares para
participar de la vida escolar."
A pesar de que no hace mucho el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (del PSOE) informaba en el
Congreso que la evolución de la criminalidad en el Estado Español durante
2006 disminuía, (aunque más bien poco) ambos partido se sueltan con este tipo de propuestas que tienen al final como fin último llevar polícia a la calle que se les vea, para que la ciudadanía este "tranquila y segura".
El Ministro de interior decía que: que España es uno de los países
"más seguros de la Unión Europea", al señalar que la tasa de
criminalidad se sitúa 20 puntos por dejado de la media de la UE, muy
por debajo de países como el Reino Unido o Suecia que nos doblan según
el avance de resultados elaborado por el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior.
Visto lo visto en epoca de elecciones lo importante es ganar votos da igual como ni de que manera. Aunque sea con el riesgo de continuar aumentando la sensación de inseguridad ciudadana, una sensación que necesita más psicología que presencia policial. La irresponsabilidad en esta materia nos conduce hacia un populismo punitivo peligroso que se hrió con el PP pero que el PSOE no lo cambia demasiado.
Podría añadir algún tipo de comentario sobre los usos de los espacios y las incidencias de estas leyes anti botellon o sobre que nos pasa cuando se prefiere la perdida o restricciones de derechos, pero creo que el video lo explica muy bien, y hay poco más que añadir, más allá que decir que en Sevilla gobierna la izquierda PSOE + IU, no es producto de una derecha rancia... El video fue gravado por la Asamblea en defensa del uso del espacio público
(Sevilla).
Como no podía ser de otra forma el debate sobre la cadena perpetua o el endurecimiento de las penas se ha extendido de manera exponencial. Lo que 
Aunque son noticias que quedan olvidadas en los confines de la prensa sindical y rara vez pasan esa frontera de vez en cuando reconforta ver sentencias de este tipo. 
