Hoy me encontre en la web de Rebelión este artículo. Recomiendo su lectura:

El último bastión ante las multinacionales: la asistencia jurídica gratuita

Raúl Tornavacas y Marco Antonio Esteban

Aunque parezca increíble, todavía existen territorios profesionales que se resisten a la colonización de las grandes firmas multinacionales. Uno de los pocos supervivientes es el turno de oficio, aunque por poco tiempo, si prospera el proyecto de reforma del gobierno catalán. Los abogados de oficio están mal pagados, cuentan con escasos medios y afrontan todo tipo de trabas burocráticas al desarrollar su trabajo. Constituyen el único apoyo para los sectores más desfavorecidos que se enfrentan a una causa judicial. Son numerosos los segmentos sociales que no pueden costearse un abogado particular: personas de la tercera edad con pensiones miserables, desempleados, enfermos crónicos con bajos ingresos, inmigrantes, jóvenes precarios o perceptores de las rentas de inserción, entre otros muchos. Con frecuencia, el letrado de oficio será la única persona en el mundo a la que puedan recurrir para no ser aplastados, ciega y mecánicamente, por una maraña de leyes trufada de automatismos y sesgos de clase que laminan sin contemplaciones a los individuos situados en los estratos más vulnerables de la población. Son tan ridículos los recursos que el Estado pone a disposición del turno de oficio que muchos abogados deben incluir, en sus comunicaciones con los presos pobres, sellos de respuesta en las cartas o códigos telefónicos de prepago que les permitan comunicarse con el exterior.

El coste para la Generalitat de la asistencia jurídica gratuita en Cataluña asciende este año a 44 millones de euros. A algunos les puede parece mucho dinero, pero se trata de una cifra insignificante –hay empresas que se lo gastan en cenas– que no cubre ni de lejos las necesidades. Al gobierno catalán le parece una cantidad excesiva, porque la cantidad de empobrecidos y, por tanto, de acusados a los que defender, aumenta cada año. Hay que ahorrar, asegura, y para conseguirlo ha realizado un informe en el que propone nada menos que entregar el turno de oficio a las grandes compañías de la abogacía. Hasta hoy estas grandes empresas no habían mostrado ningún interés en asumirlo. Pueden dar ustedes por descontado que si la consejería de justicia ha alumbrado tan brillante idea, es porque ha encontrado en el empresariado jurídico una acogida favorable. ¿Por qué las multinacionales privadas del derecho están ahora interesadas en asistir de oficio a los que no pueden costearse sus servicios de pago?

La razón es muy sencilla. Los cambios producidos durante la última década en la estructura legislativa laboral del estado español han degradado la calidad contractual y el coste de la mano de obra hasta límites demenciales. Todo recién licenciado en derecho sabe que se enfrenta a dos opciones en el mercado de trabajo, en el caso de que no cuente con los contactos adecuados, recursos para afrontar largas oposiciones o capital para establecer su propio despacho. O consigue mantenerse como profesional autónomo a partir de los ingresos –siempre mínimos– provenientes del turno de oficio y de los contados clientes privados que pueda captar, o engrosa las filas de los esclavos de los bufetes, cuyas condiciones de precariedad e incluso gratuidad del trabajo son ya popularmente conocidas. Dadas estas condiciones laborales propias del siglo XIX, un contrato de servicios con la administración para cubrir el turno de oficio será siempre rentable, ya que el coste de la mano de obra letrada resulta despreciable. Pueden imaginarse la degradación que sufrirá la asistencia al ciudadano sin recursos. La misma que experimentan los servicios de atención telefónica de las grandes compañías de telecomunicaciones. En vez de abogados vocacionales, muchos de los cuales invierten un extraordinario tiempo y esfuerzo en la defensa de los casos que les son asignados, mucho más allá de lo que se les exige legalmente, los litigantes sin medios serán atendidos por letrados asalariados precarios con contratos y remuneraciones basura. Cada uno de ellos gestionará algo así como 40 casos diarios y dedicará una media de 5 minutos a cada caso, como en algunos sectores de la medicina.

Si no conseguimos evitar la implantación de este nuevo modelo de justicia privada, habrá un parte que saldrá beneficiada, la patronal del sector, y dos perjudicadas: los ciudadanos que no puedan pagar su propia defensa, que recibirán un peor servicio y estarán todavía más desamparados, y los abogados del turno de oficio, cuyas condiciones de trabajo se verán fuertemente empeoradas. En conjunto, es previsible que el modelo evolucione de manera parecida al de la privatización de los cursos de orientación laboral para desempleados. ¿Saben lo que pasó? Algunas de las empresas que se hicieron cargo de ese servicio, para maximizar la probabilidad de que sus alumnos encontraran trabajo al finalizar sus cursos y mejorar sus ratios ante la administración, seleccionaban a los candidatos con criterios inversos a los que serían de sentido común: admitían en los cursos únicamente a aquellos con más posibilidades que otros de recolocarse exitosamente en el mercado laboral, como los licenciados o los trabajadores con amplia experiencia. El sistema se pervertía completamente. No les quepa la menor duda de que los grandes despachos harán lo mismo, dando prioridad a los casos que más probabilidades tengan de ganar y relegando al olvido a los demás.

* Raúl Tornavacas es abogado del turno de oficioMarco Antonio Esteban es sociólogo
(tornavacas@gmail.com) (marcoantonio.esteban@gmail.com)