"Cada artículo de la Constitución contiene su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad" (Karl Marx).
Los jueces continúan siendo igual de fachas ayer como hoy -algunos son los mismos, claro- pero uno no se extraña cuando ve las noticias que suceden en la "gloriosa" Facultad de Derecho de la UCM.
Ayer como hoy la UEP-EI, ese colectivo en el que yo tanto tiempo, esfuerzos, esperanzas, trabajo e ilusiones me dejé durante mi periplo universitario continúa teniendo que soportar y aguantar a los fascistas. A uno, cuando ve las fotos de los carteles, se le queda el cuerpo raro:
Si, no estais viendo mal, ni es un fotomontaje. Parece mentira pero la pancarta dice explicitamente lo siguiente: "Hoy como en el 39, por mucho que rabien, Nosotros Pasamos y la capilla se queda". Esta pancarta realizada por la asociación Foro Universitario Francisco de Vitoria es en contestación de esta otra de la UEP-EI:
Y es que es cierto, en la facultad de derecho no solo hay estudiantes y profesores fascista, sino que la fauna se complementa con una capilla. Para mi fué todo un lujo tener una reproducción de una especie de parque jurásico en vivo y en directo durante más de 6 años que estuve ahí.
Todo mi respeto y apoyo a los compañeros y compañeras de la UEP-ei, vuestra lucha es la de todos.
La cuestión migratoria es un hecho natural desde que los humanos existen. siempre han exisitido procesos migratorios. Las constituciones son algo relativamente nuevas. La nuestra que tiene un recorrido histórico muy corto es del 1978 y el artículo 25.3 dice expresamente que "
la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o
subsidiariamente impliquen privación de libertad"
La literalidad del precepto vien a prohibir que el poder ejecuctivo pueda decretar cualquier tipo de privación de libertad. Pero claro, hecha la ley hecha la trampa. Los Centros de Internamiento de Extranjeros, verdaderos guantanamos españoles donde el derecho se detiene, sitios de almacenamiento del ejercito industrial de reserva, donde el gobierno encierra a los migrantes. Para salvar este artículo de la constitución, que es uno de los que más protección tiene al ser considerado como un derecho fundamental, hace que sea un juzgado quien decreta el acceso del migrante al centro por el solo hecho de cometer una infracción adminsitrativa!
Así quiere zanjar los servicios del Turno de Oficio, es decir de la justicia gratuíta que paga la comunidad de Madrid. Cual es el problema que el alega: 50 millones. Segun ha dicho Granados "cuando la Comunidad de Madrid recibió las transferencias en materia de
justicia se valoró este servicio en nueve millones de euros. Ya vamos por 50 millones de euros". Un problema de competencias y transferencias que terminará perjudicando a los derechos de acceso a la justicia.
Luego dicen en Madrid que las comunidades autonomas con sus competencias hacen a los ciudadanos desiguales segun su comunidad, pero Madrid no se queda corta.
El Jueves el ALA (Asociación Libre de Abogados) realizó una concentración precisamente para impedir el decreto que ha confirmado la Comunidad de Madrid, no ha sido la primera y no va a ser la última
Basandose en los artículos 781 y 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha ordenado a la Falange a que en el plazo de 1 día -una adiciencia pone en el auto- a que aclare su acusación ya que para el instructor la acusación de la Falanje "lejos de limitarse a una mera descripción de los hechos, se extiende en multiples valoraciones, de tal suerte que resulta arduo diferenciar cuales sean los hechos cuya verdad o falsedad ha de ocupar la defensa del acusado y cuya acreditación ha de orientarse la actividad probatoria".
Esto cuanto suena raro, muy raro. La fiscalía pide el archivo y ahora Varela sale con esto después de un lio monumental... ¿Volveremos a la doctrina Botín o a un sucedáneo de la misma? Es decir, va a quedar todo en nada?
A nivel de Garzón es posible, pero en la calle la gente está pidiendo a gritos una revisión de nuestra supuesta modélica transición. Viendo lo que acaba de pasar con el último dictador de Argentina, será dificil contener a una sociedad que quiere justicia, memoria y reparación.
Y mientras Samaranch, un presidente del COI el cual bajo su mandato todos se forraron y que era un reconocido fascista, digo falangista, es recordodado como un prohombre y despedido con todos los honores. La historia la escriben los vencedores, pero la memoria siemrpe será rebelde y será nuestra
Informa El Pais de que el Ayuntamiento de Madrid está apunto de aprobar una nueva normativa de circulación en la que va a introducir cambios referidos al uso de la calzada por parte de las bicicletas y sobre como deben comportarse los coches cuando en la calzada hay una bicileta.
Por ahora es solo un "borrador" sujeto a posibles modificaciones que se aprobará en la Junta de Gobierno y que luego pasará por el trámite de alegaciones y de discusión en el Pleno del Ayuntamiento. La posible ordenanza es susceptible de cuantiosas modificaciones.
En estos asuntos hay que comenzar siempre por entender que el Código de Circulación entiende que la bicicleta es un vehiculo más autorizado para el uso de la calzada. Aunque se establezcan ciertas limitaciones para las bicicletas es importante partir de puntos comunes. La bici puede usar la calzada con limitaciones como pueden tener los ciclomotores o los tractores. Esto es importante a la hora de hablar de derechos, circulación o de posibles "carriles bici" y otro tipo de vías segregadas para los ciclistas. Que el coche sea un vehiculo mayoritario en el uso de la calzada no significa que sea suya.
Según El Pais, las posibles modificaciones son algunas como las de que "las bicis podrán ocupar el centro del carril y los coches tendrán que
circular más despacio cuando haya bicicletas delante." También dice El Pais que "Si el conductor de un coche transita por una vía en la que hay una o más
bicicletas, estará obligado a adaptarse a la velocidad de éstas, es
decir, más despacio." o que "Los conductores de vehículos de motor tendrán que cambiar de carril,
exactamente igual que cuando un coche adelanta a otro. Y si llevan
delante una bicicleta, deberán mantener una distancia de cinco metros
como mínimo".
Siempre es bueno que un Ayuntamiento trate de regular para mejorar el uso, la movilidad y la circulación de su tráfico. Ahora bien, habrá que estar espectántes.
"Usar el carril de la derecha", cuado voy por el Paseo del Prado y tomo la Glorieta de Carlos V para continuar por la avenida ciudad de barclona o el Paseo de la Reina Cristina, tomo el carril más pegado a la izquierda, ¿que pasa con esa maniobra? Hay veces que la excesiva regulación en vez de usar las normas generales nos puede llevar fastidiar aun más la situación. Este puede ser el tipicio caso de las "leyes desbocadas" (García de Enterría), es deicr leyes improvisadas más pensadas para la legislación simbólica, retórica y propagandística. Esperemos que no sea así
Dice El Pais quelas bibicletas "tendrán que llevar timbre". ¿Para que? ¿Algún coche escuchará mi timbre? O es que es para que me escuchen los peatones? pero si los peatones van por la acera y yo por la calzada...
Estaremos espectántes a ver que pasa con esta nueva ordenanza...
Cuando el PP modificó el Código Penal hace ya unos años, hubo un gran escándalo por la posibilidad de que cuatro faltas se conviirtiesen en un delito. La realidad jurídica hizo de imposible aplicacion el precepto.
Pero en la modificación del Código Penal que está realizando el PSOE se contempla a la baja esto. Ahora quieren rebajar el tope de los cuatro a tres hurtos. Además de introducir un fichero nacional de hurtos para hacer más fácil la aplicación de esta medida. A lo mejor dentro de 5 años podemos bajar a dos, o mejor eliminar las faltas y encerrar a todo el mundo...
Del artículo del diario "El País" destaco especialmente esta frase: "Según CiU, la pena se cumple en fin de semana para evitar el colapso en
las prisiones y aprovechando que esos días salen de la cárcel los que
disfrutan de régimen de libertad de fin de semana". Impresionante, me quedo sin palabras.
Blanco se cuestionaba su legalidad y decía que el también se preguntas "por esa legalidad, me cuesta comprender que los
que hicieron que España no fuese libre puedan sentar en el banquillo al
alguien tan impecable como Garzón". "Pido altura de
miras para zanjar este debate. La decisión de su legalidad la toman los
jueces y yo respeto a los que tienen que aplicar la ley de partidos, me
cuesta entender que los falangistas estén en la vida pública", añadió.
Curiosidades de la vida y de nuestra modélica transición que no ruptura de la que tanto nos vanagloriamos. Nuestra transición -que no ruptura- dejó muchos flecos sueltos, los jueces son uno de ellos, la Audiencia Nacional es otro y la falange también. Y en este caso se mezclan todos y de que forma.
Cuestionarse la legalidad de la Falange es cuestionarse la legitimidad de la Constitución que se realizó sobre la base de la legislación franquista sin solución de continuidad. ¿eso quiere cuestionar Pepe Blanco? Me apunto
Todos los lunes El País publica un artículo de José Yoldi sobre asuntos jurídicos, de la justicia, de los jueces o de los Tribunales. Ayer lunes el artículo fué de lo más interesante, sobretodo porque hay que tener en cuenta que el artículo habla del famoso auto del Juez Velasco sobre ETA y las FARC.
Yoldi debe ser de los pocos que se ha leído el famoso Auto de la Audiencia Nacional - yo reconozco que me lo imprimí y le hice una mini lectura, pero en fin, poco o nada provechoso saqué de ello - y pública en su artículo un interesante párrafo del que nadie ha hablado: "Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la
cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre
las FARC y ETA"
Pero no se queda ahí comenta el articulista a resultas de la supuesta colaboración del Gobierno de Venezuela con ETA y las FARC que,
sin embargo, no hay ningún dato de la colaboración del Gobierno de
Chávez, más allá de que esos ahora testigos aseguren que había unos
tipos con uniforme que parecía que eran del ejército, cuya misión podía
ser la de proteger al grupo, y también un paisano con un chaleco con un
distintivo del servicio secreto. ¡Como si los del servicio secreto
fueran anunciándose con insignias! En todo caso, puede ser sospechoso,
pero como sostiene un prestigioso abogado, "la suma de sospechas no
constituye delito, como tampoco en el fútbol la suma de postes es un
gol".
Sobre cómo se han logrado los supuestos datos de la colaboración - más allá de los testigos arrepentidos de las FARC -
El ejército colombiano lo bombardeó desde cinco aviones A29B Súper
Tucano con 10 bombas de racimo GBU 12 Paveway, prohibidas por las
convenciones internacionales, como cuenta el periodista Arturo Torres,
del diario El Comercio, de Quito (Ecuador) en su documentado
informe El juego del camaleón. Los secretos de Angostura.Las dos computadoras, que se salvaron milagrosamente de las bombas,
fueron oportunamente encontradas por el ejército colombiano y,
curiosamente, contenían las supuestas pruebas de la colaboración de los
Gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC. Ni que decir tiene que
Chávez y Correa tacharon esas pruebas de "fabricadas por los servicios
secretos colombianos".
Esto lo dice en un diario como El País que tiene una línea editorial de acoso y derribo contra Chavez. Sin ir más lejos, el domingo 21 de Marzo se publicaba un artículo sobre la colaboración entre ETA, las FARC y Venezuela en el que solo se usa dos veces la palabra "supuesto/supuestamente": "dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de
Agricultura y Tierras en 2005; y desde 2007 es jefe de Seguridad del
Instituto Nacional de Tierras (Inte), un organismo que ha confiscado
40.000 fincas supuestamente improductivas." y "Arturo Cubillas, de 46 años, supuesto responsable de ETA en Venezuela,
presunto organizador de los cursos de explosivos en la selva venezolana y
funcionario de seguridad en el Gobierno de Hugo Chávez". El resto del artículo, que ocupaba una doble página en el diario más leído del país es una recopilación de relatos novelescos... Sobre este artículo más información aquí: http://tercerainformacion.es/spip.php?article13938
Remata Yoldi su artículo diciendo que
Sin embargo, de lo que no habrá duda es de que nunca se recibió en
Venezuela con tanto boato a Raúl Reyes como se le recibió en febrero de
2000 en Valencia, por el Gobierno de Eduardo Zaplana (PP), cuando el
comandante de las FARC y Víctor G. Ricardo, representante del Gobierno
de Andrés Pastrana, intentaban un proceso de paz que terminó en
estrepitoso fracaso. Por entonces realizaron una visita a varios países
europeos para buscar apoyos frente a la injerencia de Estados Unidos en
Colombia. El juez Eloy Velasco, que ahora investiga el caso, era en
aquella época director general de Justicia de aquel Gobierno que tan
majestuosamente recibió al dirigente de las FARC. Cosas veredes, amigo
Sancho...
Curiosamente esa reunión entre Zaplana y las FARC no ha salido a relucir en casi ningún medio, reunión que se realizó siendo el instructor judicial del famoso auto Director General de Justicia de la Generalitat Valenciana. Eran momento de negociación entre el Gobierno y las FARC, pero claro hay negociaciones buenas y negociaciones malas.
Es recomendable leer este artículo, aunque sea de El Pais
El 13 de Marzo se realizará en varias ciudades la acción "manta blanca" para denunciar la situación de los manteros.Es en varias ciudades, en Madrid es alas 13:00 en la plaza de Callao
En la actualidad hay 96 personas en prisión por vender copias de cd en la calle, toda una política criminal del estado mientras Fabra continua en la calle y Marina Albiol investigada por unas pegatinas que reflejaban a Carlos Fabra en traje de presidiario.
Garzón es cuanto menos un juez controvertido, creo que es necesario explicar que desde luego no es santo de mo devoción. No hace falta que me extienda demasiado en esto sobre Garzon al que los oscuros superan con creces sus claros.
Hoy en El Pais le hacen una entrevista a Carlos Jimenez Villarejo en la que como siempre el ex fiscal anti corrupción habla de sus impresiones de forma clara sobre los últimos sucesos en el Tribunal Supremo en la que habla de la derrota jurídica y moral del Estado de Derecho y dice que se demuestra "el poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. (...) las decisiones del Supremo se
sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema derecha y del
Partido Popular".
Espero que estas afirmaciones, que comparto plenamente, se extiendan al resto de los casos que en cada vez más ocasiones aparecen en el Tribunal Supremo y el Poder Judicial.
El lunes y el martes el diario "El Confidencial Digital", la web de las personas informadas que desean estar más informadas según ellos mismos dicen, se ha hecho eco de la campaña que la Inspección de Trabajo está llevando a cabo en el sector de las productoras de Televisión y Cine.
Lo que podrían ser dos noticias que explican la
actuación que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo, se
convierten en una especie de panfleto, sin lugar a dudas promovido por
la FAPAE, que es la patronal de las productoras. Especialmente reseñable es esta frase:
La preocupación entre las factorías de contenidos es considerable y están buscando articular una respuesta común a través de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE). Este tipo de exigencias supondría –advierten- un cambio tal de las reglas de juego que desequilibraría las cuentas de resultados de casi todas ellas.
Ahí es nada. Cuando el digital, hablando de la patronal, se refiere a
"este tipo de exigencias" se está refiriendo al cumplimiento de la
Legislación. Y es que ya se sabe que la Constitución hay qye cumplirla,
porque es sacrosanta, pero la legislación se puede cambiar porque
supondría "un cambio tal de las reglas del juego que desequilibrarían
las cuentas de resultados." Esto lo comentan las productoras y/o el
periodico sin caerseles la cara de vergüenza.
En el artículo de marras se dice que,
La ofensiva parte de varias
denuncias presentadas en 2009 por trabajadores del sector contra
algunas compañías. La Consejería de Trabajo decidió investigar y, al
comprobar que se trataba de prácticas generalizadas, ha optado por emplearse a fondo. Los funcionarios están analizando fundamentalmente la aplicación de la denominada Ley Caldera –nombre que hace referencia al ministro que la firmó en el año 2006- sobre el uso de la contratación temporal por parte de las compañías.
La inspección ha puesto el punto de mira principalmente en tres puntos: a) el contrato por obra,
utilizado habitualmente para emplear a profesionales sólo durante el
tiempo que dura el formato de ficción o entretenimiento encargado; b) la incorporación de autónomos a esos proyectos; y c) la subcontratación:
la inspección advierte que puede ser una ‘cesión ilegal de
trabajadores’ contratar a personal de terceras empresas como
especialistas de figuración, eléctricos, mantenimiento…
Este es el "cambio de las reglas del juego": Que la Inspección vigile y
controle la contratación por obra y servicio en fraude de ley, la
contratación de (falsos) autónomos y la externalización de servicios
que pueda ser considerado como cesión ilegal de trabajadores. Ya
sabemos que la policía puede patrullar por los barrios a la caza de
delincuentes, pero una empresa no es un delincuente, porque tienen sus
propias "reglas".
Cuando mencionana la "Ley Caldera", no se refieren a "una" ley, sino a una modificación del Estatuto de los Trabajadores,
en concreto una modificación que trataba de luchar contra la
encadenación de contratos temporales. Es el artículo 15.5 que dice que
"los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin
solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma
empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a
través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con
las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración
determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos."
El artículo lo deja caer como si fuera una "ley" obsoleta, pero bueno,
simplemente se refieren al Estatuto de los Trabajadores. En el sector
no es un asunto baladí. Series como Hospital Central, El Comiasario,
Los hombres de Paco, Cuéntame, Amar en Tiempos Revueltos... son series
que han estado o están en parrilla temporadas tras temporada (algunas
han superado con creces los 10 años de emisión) y los trabajadores que
hacen posible las mismas les van sucediendo los contratos de duración
determinada por obra y servicio. El truco es parcializaer la obra, es
decir, la serie es la misma, la cadena donde se emite también, los
platos, la productora... todo igual pero aún así cada temproada es una
"nueva obra"...
Ahora la Inspección de Trabajo quiere poner
coto a estas actuaciones, no es cambiar las reglas de juego, es
hacerlas cumplir, y este diario de información es mejor no leerlo...
La lucha de clases aun existe, pero la estamos perdiendo...
En el 2007 el PSOE propuso -y se aprobó- una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que entre otras medidas, quería solucionar el colapso que tiene este tribunal.
Como era de esperar, en vez de dotarlo de más medios y recursos lo que hicieron fué tratar de disminuir el número de recursos que llegan a este Tribunal. Ahora para lograr una sentencia del TC hay que justificar "la especial trascendencia constitucional del recurso" (artículo 49.1 de la LOTC).
Es decir, ya no es suficiente con alegar que se ha lesionado un derecho fundamental. El artículo 50.1b reclama para la admisión "Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por
parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia
constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general
eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales." Y por supuesto este requisito es inexcuasble e insubsanable.
En el ercurso de amparo de Manuel Perez Martínes, "camarada arenas" condenado por el Tribunal Supremo por una especie de nuevo delito llamado "secuestro por omisión", el Tribunal Constitucional contestó de esta forma (literal)
"La sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo, toda vez que el recurrente no ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art 49.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de Mayo), que es algo más y distinto a la mera afirmación -sobre cuya verosimilitud nada cabe decir- de que el propio derecho fundamental ha sido violado. Esta omisión impide la admisión a trámite (art, 50.1 a LOTC)".
Ahí se acaba el auto. Así se despacha cientos de recursos presentados al TC para que estén más relajados los magistrados.
Incluso hablan de la "verosimilitud" de la vulneración del derecho fundamental diciendo que "nada cabe decir" IMPRESIONANTE
Y finalmente parece ser que el PP presentará su propuesta de "cadena perpetua revisable" en el Parlamento. Conocedores de que solo encontrarán el apoyo de la UPyD esta vez han matizado su propuesta "histórica" del binomio "cadena perpetua + endurecimiento de penas", por el de la cadena perpetua "revisable".
Nuestra amiga Sáenz de Santamaría, defiende que en delitos muy graves, y
en especial cuando haya reincidencia, hay que avanzar "en la prisión
permanente revisable", hasta que no se acredite la rehabilitación del
preso. Para más inri Santamaría entiende que esa propuesta está avalada por sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos, y el PP
tratará de introducirla en la reforma del Código Penal.
En este camabalache, el padre de Marta del Castillo defiende la propuesta y comenta directamente que Rajoy "tiene lo que hay que tener al llevar el caso al Congreso". No tardarán demasiado los medios de comunicación en comentar ls opiniones de la madre de Sandra Palo. Así tenemos todo montado y bien montado. Mientras el Gobierno escapa de la crisis tratando de embarranarse en el fango de la reforma de las pensiones, el PP con su brunete mediática nos muestra un debate útil y por supuesto necesario como el de la cadena perpetua revisable. Y puede que también salgan con algo de la Ley Penal del Menor.
Sáenz nos informa de que su grupo parlamentario
planteará el endurecimiento de las penas en los delitos más graves y
violentos, y el cumplimiento íntegro de las sanciones, para eliminar la
sensación de impunidad en la sociedad. Porque ya sabemos todas las estadísticas mienten y hay que legislar, para cambiar las "sensaciones" de los ciudadanos...
En ocasiones es mejor publicar lo que otros han escrito. No dejen de leer este artículo firmado por Felix Pantoja y cuatro profesores universitarios y un magistrado sobre la petición de implantar la cadena perpetua "revisable" propuesta por el PP: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1805/%C2%BFhacen-falta-penas-mas-duras/
La recientes declaraciones de responsables políticos que reclaman la
implantación de la cadena perpetua y una nueva modificación de la ley
del menor, llevan una vez mas a que debamos formularnos algunas
preguntas con objeto de clarificar y poner sensatez en el debate
social, así como ayudar a los ciudadanos a que reflexionen sobre estas
cuestiones. A ser posible, lejos de la emoción y el sentimiento que
producen crímenes terribles o, más propiamente, la repetición
sistemática en los medios del recuerdo de crímenes terribles que llevan
a la sociedad a la percepción de que ocurren habitualmente.
Estas preguntas pueden ser: ¿cabe la cadena perpetua en nuestro
ordenamiento? ¿Es realmente necesario endurecer aun mas nuestras leyes
penales? ¿Qué estamos haciendo con las víctimas?
Con respecto a la primera, la respuesta es rotundamente no, y no sólo
porque el artículo 25.2 de la Constitución (CE) establece la
reinserción del penado como objetivo, sino porque, como señala el
Tribunal Constitucional (TC), la preparación para la vida en libertad a
lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mínimo
innegociable (sentencia 112/96 del TC). Pero no se agotan aquí los
argumentos constitucionales: la posibilidad de confinar toda su vida a
una persona en una cárcel es un atentado contra la dignidad humana
protegida en la Constitución (art. 10), contra la promoción de la
igualdad real y efectiva (art. 9.2) y contra la proscripción de tratos
inhumanos y degradantes (art. 15).
En cuanto a la segunda pregunta, sólo cabe acudir a las estadísticas y
a los datos oficiales. Como pone de relieve un reciente trabajo de la
Plataforma Otro Derecho Penal es Posible, España tiene uno de los
porcentajes de presos más altos de Europa, habiéndose llegado a
cuadruplicar su población penitenciaria en el período 1980-2009. En
algo menos de 30 años hemos pasado de tener una población reclusa de
18.583 a 76.771 personas, lo que constituye un dato de por sí revelador
y nos sitúa a la cabeza de Europa. Así, la tasa de los países europeos
oscilan entre las 63 por 100.000 habitantes de Noruega y las 164
encarceladas que hay en España. Y, sin embargo, la tasa de criminalidad
en España es menor que la media de los países europeos. A falta de
datos de 2009, en el año 2008 la tasa de delitos por cada 1.000
habitantes fue en España fue de 47,6. La media Europea está en el 70,4.
Otros países de nuestro entorno, con sistemas policiales y penales
percibidos por la población como más duros, duplican la nuestra o son
notoriamente más elevados, como por ejemplo Reino Unido (101,6) o
Alemania (76,3). Un último dato en cuanto al endurecimiento de las
penas: según datos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, actualmente –enero de 2010– hay en España 345 personas
presas (sin contar las condenadas por delitos de terrorismo) con penas
no acumulables superiores a los 30 años; una de ellas tiene una condena
de 38.585 días, esto es, casi 106 años. Esto quiere decir que, en la
mayoría de los casos, no terminarán de cumplir sus condenas mientras
dure su vida, pues a la edad que cada uno tenga, si la media fuera de
40 años de edad, en cuanto la pena sea superior a 35 años la vida en
libertad se esfuma como posibilidad. ¿Saben realmente nuestros
políticos lo que están diciendo?
Y si nos fijamos en la Ley del Menor, ¿cuántos crímenes terribles han
sucedido en estos 10 años de vigencia? Prácticamente los podemos
enumerar con los nombres que reciben en la prensa. Causan grave impacto
social, pero tampoco llegamos a conocer las dramáticas circunstancias
que rodean a sus protagonistas. La realidad es que en los juzgados de
menores se produce un alto índice de intervención. Aunque la
delincuencia registrada de las personas menores de edad es
constantemente inferior al 2% de la de las adultas y de mucha menor
gravedad, los juzgados de menores están imponiendo sanciones penales a
un número altísimo de menores. Casi el 1% (1.000 de cada 100.000, a
efectos de su comparación con las tasas de encarcelamiento de adultos)
de personas entre 14 y 18 años reciben cada año una sanción penal por
un juzgado de menores. Una tasa muy importante de intervención penal. Y
además las sanciones son tan duras que pueden llegar a 10 años de
internamiento en centro cerrado por cada delito cometido (obsérvese que
esta cifra es mayor que la mitad de de la vida del chico castigado, y
que puede cumplirse en un centro penitenciario, con las oportunidades
que este ofrece y que tal vez no quisiéramos para un hijo nuestro para
el que pediríamos una segunda oportunidad), lo que hace dudar del
cumplimiento de los compromisos de España con la Convención de los
Derechos del Niño. Y respecto a esa idea de bajar la edad penal a los
doce años, ¿tenemos realmente un problema de política criminal con los
niños de 12 y 13 años como para rebajar la edad penal? ¿No estaremos
tratando de resolver con el derecho penal cuestiones que atañen a la
educación de los niños y a su igualdad de oportunidades?
Y por último, en cuanto al tratamiento a las víctimas, el modelo que
tenemos en España es el de la cronificación de su dolor, impidiendo la
superación del duelo con la creación de asociaciones y la manipulación
política o mediática de las mismas, sin que exista una verdadera
política social de apoyo material y moral para ayudar a superar ese
dolor, extendiendo a la sociedad los legítimos y comprensibles deseos
de vindicación del daño sufrido.
Este es el panorama que ofrecen una y otra vez algunos políticos, que,
irresponsablemente, siembran la desconfianza y alimentan el espejismo
de que con el derecho penal vamos a solucionar problemas que han de
encontrar remedio en la educación, la igualdad y en las políticas
sociales. Félix Pantoja es fiscal del Tribunal Supremo.
Lorena Ruiz-Huerta, profesora de Derecho Penitenciario en la Universidad Carlos III Xavi Echevarría, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto Julián Ríos, profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas José Luis Segovia profesor de Ética Política en la Universidad P. Salamanca Ramón Sáez, magistrado en la Audiencia Nacional Manuel Gallego, profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas Miembros de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible
Documental elaborado por Amnistía Internacional sobre la situación de los menores recluidos en Centros controlados por las administraciones públicas, con denuncias de malos tratos de los propios menores
Todos los lunes El País publica un artículo de José Yoldi sobre asuntos jurídicos, de la justicia, de los jueces o de los Tribunales. 
El 13 de Marzo se realizará en varias ciudades la acción "manta blanca" para denunciar la situación de los manteros.Es en varias ciudades, en Madrid es alas 13:00 en la plaza de Callao
