"Cada artículo de la Constitución contiene su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad" (Karl Marx).
Según informa europapress basandose en un informe del sindicato ACAIP, las cárcles en Madrid albergan a 9.632 presos lo que supone una ocupación del 150% de su capacidad. Toda una proeza de la administración penitenciaria y penal del Gobierno actual y de los posteriores, que cada día amplían más el código penal sin hacer ninguna modificación más de tipo judicial ni penitenciaria y ni siquera hablamos de modificaciones sociales, eso implicaría hacer política. Total son delincuentes y lo que tienen que hacer es pudrirse.
Madrid está mal, pero las cifras de otras cárcles dan vertigo. Los "centros penitenciarios" que peor se encuentran son los de Martutene (San Sebastián), con
una tasa de hacinamiento del 398%, Ceuta, que se encuentra al 381%, y
Basauri (Bilbao), al 334%. Picassent (Valencia), la prisión con más
reclusos de España, 2.377 a fecha del pasado 13 de marzo, dispone de
tan sólo 1.365 celdas en condiciones.
Así que... solo nos queda continuar luchando para erradicar la verguenza de que se continúe usando el Código Penal para solucionar los problemas sociales, criminalizando la pobreza.
Mientras se debatía si los casi 200.000 euros que Garzón recibió por pasar una estancia de estudios en Nueva York podría considerarse como un soborno, en Vigo un jurado daba por bueno la tesis del "miedo insuperable" y "legitima defensa" a Jacobo Piñero. Su miedo y defensa le llevo a esta persona a dar 57 puñaladas a sus dos
víctimas, robarlas y quemar su casa.
Cual era su miedo: ser violado por dos gays. Y es que según el tribunal el asesino confeso estaba en “un
estado de pánico que anuló su capacidad
de comprender la ilicitud de lo
que hacía”. Como dice Rubem Centeno en el Diagonal esto ocurre "en plena reacción mediática
solicitando el cumplimiento
íntegro de penas a raíz
del caso de Marta, la chica
asesinada en Sevilla".
Pero es que en este caso no se trataba de unos muchachos malcriados sino de "un padre de familia
arrepentido que incluso pensó en
suicidarse tras los hechos por la vergüenza
que sufriría su familia" (según se persentó así mismo el acusado). Aquí no va haber grandes manifestaciones a favor de la cadena perpetua, el cumplimiento íntegro de las penas o reuniones con Rajoy o Zapatero. Total, solo asesinó a dos gays con 57 puñaladas e incendió la casa para ocultar los cuerpos, pero lo hizo por el pánico a ser violado. Muy justificado, aquí no solo no cabe pedir la cadena perpetua, sino absolverle.
Es fundamental reflexionar a que nos referimos cuando se habla de participación ciudadana en la Justicia, no vaya ser que caminemos hacia el populismo fascista punitivo...
Sobrevivir no es delito. Despenalización del top-manta ¡YA!
Desde las 20h. MANIFESTACIÓN
Pza Lavapiés -> Sol
A las 8 de la tarde sale la segunda manifestación en favor de la despenalización del top manta, convocada por la Asociación Sin Papeles de Madrid y poyada por las ODS o el Ferrocarril Clandestino.
A los tambores de guerra de los Jueces -que van hacer huelga el 18 de febrero- se van a unir, por diferetnes motivos, los funcionarios de justicia de la Comunidad de Madrid y los abogados del turno de oficio también de Madrid.
Los Funcionarios "alternarán a partir del 16 de febrero quince días de huelga con una
semana de trabajo, como medida de presión para forzar a la Comunidad a
implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que
atraviesan los tribunales de la región" (según informa hoy el diario madridiario.es) y los abogados y abogadas del turno de oficio, que inician sus movilizaciones con un encierro en el Colegio de Abogados de Madrid el día 16 de Febrero por diferentes motivos entree otros por los retraso en el cobro de los pagos, por la actualización de los honorarios o contra la privatización...(http://nodo50.org/ala/spip/spip.php?article344).
Ya solo falta que se declaren en huelgas los y las secretarios judiciales y los y las fiscales. Más tarde los ciudadanos lo que podrían hacer es directamente apedrear los juzgados.
Si alguien quería que los jueces no hicesen huelga porque eso podría afectar al derecho fundamental al acceso a la justicia, debería plantearse hacer algo urgentemente con la justicia porque este asunto se les va de las manos.
Ha llegado la hora en que los trabajadores y
trabajadoras tenemos que salir a la calle a decir lo que pensamos de
esta crisis que nos ha sido impuesta por gobiernos y organismos
internacionales. Hemos pasado un año escuchando sus explicaciones
relativas a sus orígenes, todas ellas muy bien estructuradas y
argumentadas aunque no necesariamente ciertas. Cientos y cientos de
expertos puestos de acuerdo pueden sin duda crear una “realidad
virtual” a la que no sea sencillo oponerse pero hemos de hacerlo porque
tenemos argumentos más que suficientes para demostrar que se trata de
una gran mentira.
Llevamos varios meses escuchando sus propuestas de
solución, todas centradas en financiar con dinero público, nuestro
dinero, a los grandes bancos y empresas, mientras sus directivos
plantean como única solución el despido. Nadie habla de reformas en el
funcionamiento de las empresas o en permitir que los trabajadores
participen en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones distintas a
las de siempre: “los trabajadores y trabajadoras debemos pagar con
nuestro empleo, o cuando menos con nuestro esfuerzo en forma de ayudas
públicas, las políticas que nos han impuesto desde los grandes y
antidemocráticos centros de poder empresarial y económico”. Y lo único
que nos dicen es que no nos preocupemos que dentro de un año todo
volverá a ser como antes que cerremos los ojos y ellos se ocuparán de
todo. No aceptamos estas explicaciones paternalistas, nosotros queremos
adueñarnos del presente para asegurarnos un futuro distinto.
Porque ese debe ser nuestro objetivo construir un Mundo
Nuevo.
Porque no es cierto que todo vuelva a ser igual para todos los
compañeros y compañeras que están perdiendo su puesto de trabajo. Los
de mayor edad, que se han visto abocados a jubilaciones anticipadas,
percibirán una pensión inferior a la que hubieran debido percibir en
caso de llegar en activo a los 65 años, y ello por una imposición no
por decisión propia, así el resto de su vida cuando reciban la pensión
sabrán que alguien les robó parte de aquello que estuvieron guardando
durante muchos años de trabajo, ¿alguien es capaz de imaginar lo que
sucedería si se embargará un porcentaje del patrimonio de los
empresarios para repartirlo entre los trabajadores?.
Y no olvidemos a los jóvenes que se verán abocados a
aceptar empleos en condiciones precarias, con el correspondiente
recorte en derechos y salarios, destinado al crecimiento en los
beneficios de los mismos que se han estado enriqueciendo durante todos
los años de gestación de esta crisis.
Porque creemos y queremos una realidad diferente,
rechazamos su promesa de trabajo más precario, servicios públicos
privatizados y por tanto centrados en la rentabilidad y no en la
calidad, y políticas económicas especulativas preocupadas en favorecer
el enriquecimiento de unos pocos acentuando aun más las diferencias
entre clases sociales.
Es hora de salir a la calle y rebelarnos contra el sistema injusto que nos quieren imponer.
"contra los derechos fundamentales de los ciudadanos".
tesis a la que se ha sumado el Consejo General del Poder Judicial, que según el Pais ha calificado indirectamente a los jueces y a las juezas de
"irresponsables" y acusándolos de
intentar "dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva".
Hace unos pocos días el debate era si la magistratura podía o no, o tenía derecho o no, a relaizar una huelga como cualquier funcionario o trabajador por cuenta ajena. Ahora con lo que se carga para descalificar la huelga es desde el frente de los servicios a los ciudadanos y ciudadanas en su vertiente de acceso a la justicia.
El “poder judicial” no desaparece por el hecho de que los juzgadores
estén en huelga. Como tampoco desaparece nuestro derecho a la atención
sanitaria gratuita por estar los médicos en huelga. Como en cualquier
función pública esencial para el funcionamiento de la comunidad, hay
que establecer unos servicios mínimos.
y desde luego no le falta razon. Y es que este tipo de razonamientos que se están lanzando desde diversos partidos y medios de comunicación choca frontalmente con la filosofía de una huelga que no es otra cosa que parar la producción para poder presionar y negociar mejoras laborales y sociales. ¿O es que ahora vamos a estar en contra de la huelga?
Desde el Gobierno se intenta tapar las reivindicaciones de los jueces bajo la excusa de que son un Poder del Estado y que no se pueden poner en huelga. Este debate sobre el derecho a la huelga está tapando tanto las reivindicaciones de la magistratura como las motivaciones, oscuras en muchas ocasiones, de la huelga.
Que los jueces y las juezas son un poder del estado no es discutible y que en su condición final de tal la huelga es algo extraña o ajena también. Una aplicación estricta de la separación de poderes daría al traste con su posibilidad de huelga. Pero no es así. A pesar de la separación de poderes y de que ellos son un "Poder", dependen en todo o casi todo del resto de poderes. La regulacuión, la dotación presupuestaria o las inversiones denden sucesivamente de los poderes legislativos y ejecutivo (Gobierno -ministerio de justicia- y parlamento), así copmo también de las Comunidades Autonomas. Les vamos a impedir que se manifiesten? Como pueden hacer medidas colectivas de presión para mejor sus salarios o para mejorar los medios con los que trabajan?
Otra cosa, son los motivos de la huelga que me parecen de lo más oscuro. ¿Por qué ahora? ¿Estamos peor que antes? ¿Que pasaba en el resto de las legislaturas? ¿Estaban mejor? Y los jueces y juezas... porque nunca se han unido a las huelgas y luchas del resto de trabajadores y usuarios de la justicia. ¿Cual es la gota que ha colmado el vaso? Son muchas preguntas que no tienen respuesta porque nos hemos introducido en una especie de debate sobre eld erecho a la huelga.
En cualquier caso, espero que este sentir social y favorable a la huelga de los jueces sea extensible a otros colectivos. En especial los abogados y las abogadas. Colectivo que por su falta de condiciones de ajenidad (la inmensa mayoría son autonomos con contratos mercantiles) tiene muy debilitada sus posibildiades de realizar este medio de lucha. Pero no solo eso. ¿Que pasa si un abogado en huelga no va a un juicio? ¿Que pasa si una abogada en huelga no presenta un escrito de recurso? ¿Los jueces van a comprender nuestro derecho a la huelga como hacen con el suyo propio? Por que en Madrid el día 18 hay huelga de jueces y si un abogado falta, se le tiene por inasistido y se nos puede poner falta grave además de poder perder el juicio irremediablemente. Pero claro eso con el juez no pasa, son poder del estado...
Pues parece ser que el Tribunal Constitucional además de estar debatiendo sobre si el estatuto de Catalunya rompe a España o rompe los derechos de los y las catalanes también debate sobre otros asuntos.
Según dice el diario el Pais, una reciente sentencia dictada "el pasado mes de abril y que había pasado casi inadvertida
hasta ahora está empezando a causar problemas en la jurisdicción penal,
dado que puede reducir en buena medida el tiempo de prisión para
aquellos delincuentes que están cumpliendo condena y que además tienen
una o más causas pendientes en las que se hubiera decretado prisión
provisional".
Así que después de la "doctrina parot" y sucesivas reformas penales, pues ahora viene esta. Tras varios años de debates sobre como hacer que la gente se pudra cada vez más tiempo en la cárcel, nos encontramos con esto. El TC quiere descontar los días de "prisión preventiva" cuando el reo cumple pena por otro delito ya sentenciado.
Teniendo en cuenta que el 24.9% (18.027 personas de 72.281, en las últimas estadísticas ofrecidas por el Ministerio del Interior del mes de Septiembre de 2008) de la población reclusa en España está en situación preventiva. No ofrece el Ministerio datos sobre la población reclusa que lo está en virtud de diversas condenas o que estando ya condenada por algun delito se le está juzgando por otro que cometió por ejemplo durante una estancia fuera o poco antes de ingresar. Pero viendo los datos generales, donde se ve que una de cada cuatro personas está en la cárcel como "preventivo" la feria de los últimos años del cumplimiento íntegro -o efectivo, como decía los del PSOE en plan un pelin más progres que los del PP- puede ser un poco más complicado que hace unos días...
Así que en breve plazo tendremos una reforma legislativa para tapar estos agujeros... tiempo al tiempo
Un grupo de colegas, mayoritariamente investigadores sociales, acabamos de
colocar en la red un sitio web dedicado a los abusos
patronales: www.abusospatronales.es
En él queremos reunir toda la información posible relativa a abusos de
empresas sobre los derechos de los trabajadores: represión antisindical,
contratos ilegales, despidos abusivos, coacciones ilegales de todo tipo.
Para ello, vamos a publicar entrevistas a personas que hayan sufrido abusos
patronales, relatos que envíen trabajadoras/es en esta situación, informes y
análisis relativos a abusos patronales, así como a recopilar enlaces de
sitios web donde se aborde el tema de alguna manera -desde blogs de
trabajadores de alguna empresa concreta a secciones sindicales de webs de
movimientos sociales, pasando por enlaces donde se pueda
acudir en busca de
información legal.- y a hacer un dossier donde recopilemos noticias en las
que se dé cuenta de estos abusos.
En el texto de presentación del sitio web, q te envío adjunto, se explican
nuestros propósitos.
Por el momento, somos poca gente gestionando el sitio web y recopilando
información. Por ello requerimos la colaboración de todas aquellas personas
o colectivos que puedan contribuir: mandándonos entrevistas a -o relatos de-
gente que haya sufrido abusos laborales -por ejemplo, procedentes de
investigaciones sociales sobre ámbitos laborales concretos-, o informes o
análisis -sociológicos, económicos, jurídicos, etc.- relativos a abusos
patronales; o noticias, páginas web, etc. donde se dé información sobre
abusos patronales, o contactos con organizaciones o asociaciones ue, por su
actividad, puedan tener información de primera mano. O también: personas
dispuestas a
realizar entrevistas en su ámbito geográfico. O, al enos:
contribuir a difundir este sitio web -o este correo de presentación- a
aquellas personas o asociaciones que se piense que pueden estar interesadas
en conocerlo.
El sitio web por el momento está en situación de pruebas, cualquier
sugerencia que quieras hacer sobre el mismo será bienvenida.
En concreto el 46,2% asegura que se la conoce muy poco y el 24,6% "casi nada", frente a un 21,9% afirma que se conoce "por encima" y el 2,6% que asegura que es bien conocida. 30 años después de la aprobación de la constitución se ha demostrado como los poderes públicos han promovido el conocimiento de la constitución. Menos para tirarsela a la cabeza de los nacionalistas vascos y catalanes, esta norma legal es bien desconocida...
Aún es peor el desastroso desconocimiento de normas y derechos más cercanos como los laborales en los que existe un profundo desconocimiento básico. Realmente la educación para la ciudadanía es importante, pero el conocimiento basico de las leyes, o de algunas de ellas, por parte de la ciudadanía nos empoderaría a todos y todas frente a abusos cotidianos.
Aún así continuamos con la batalla de la asignatura de leducación para la ciudadanía como paradigna de la democrácia y del ciudadano informado, en vez de generalizar el conocimiento (al menos básico) y uso de las legislaciones básicas tanto constitucionales como laborales, penales o administrativas...
Y mientras, como dice el Código Civil, la ignorancia de las Leyes no excusa de su conocimiento. ¿Que se hace desde los poderes público para eliminar "la ignorancia legislativa"?
Reclaman cambiar el Código Penal para «no criminalizar la pobreza» y
dicen que un «castigo de tal naturaleza» no reporta nada a los autores
MADRID.
– Lo suyo está sorprendentemente más castigado que conducir borracho o
vender hachís. En España lo saben ya 51 inmigrantes clandestinos, que
penan su culpa entre rejas pagando hasta dos años de cárcel por vender
en una esquina misérrima unas copias mal grabadas. Pasa en la jungla de
asfalto, donde paga el pato el último mono.
Jueces, catedráticos y profesores de Derecho Penal han tomado partido
públicamente y han auspiciado un manifiesto Ante la criminalización e
ingreso en prisión de los vendedores ambulantes conocidos como
‘manteros’, en el que piden que se modifique el Código Penal para que
«la pobreza» no sea tan duramente «castigada».
«Los profesionales del Derecho abajo firmantes», arranca el escrito,
«queremos llamar la atención a las autoridades y a la opinión pública
acerca del sufrimiento injusto que se impone a los vendedores
ambulantes, la mayoría inmigrantes pobres sin posibilidad de acceder al
mercado laboral, a causa del desproporcionado rigor de las sanciones
para los delitos contra la propiedad intelectual e industrial».
Entre otros, el documento está suscrito por Perfecto Andrés Ibáñez y
Félix Pantoja, magistrado y fiscal del Supremo; Ramón Sáez Valcárcel,
magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Virginia
García, magistrada; Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción
número 32 de Madrid, y decenas de catedráticos como José Luis Díez
Ripollés, Juan Terradillos Basoco o María Luisa Maqueda. En total, casi
un centenar de juristas.
«En nuestras cárceles hay varias decenas de personas que cumplen penas
de prisión exclusivamente por vender en las calles copias de DVD
y CD piratas», prosigue el texto. «Por increíble que parezca, la mera
exposición en la vía pública de esa mercancía puede motivar una condena
a pena de cárcel. Nos parece lamentable un castigo de tal naturaleza
que no reporta beneficio alguno ni a la sociedad, ni a los autores ni a
los titulares de las obras y de las marcas, ni a quienes son
perseguidos».
Los que suscriben el manifiesto critican que el Código Penal no
distinga «entre los grandes defraudadores de la propiedad intelectual»
y quienes se limitan, «por necesidades de subsistencia, a la venta
callejera», y recuerdan el contenido del artículo 270 del ordenamiento
punitivo: penas de seis meses a dos años de prisión, además de multa.
Por todo lo expuesto, los juristas reclaman al Gobierno y al Parlamento
una «modificación» del texto sancionador, con el fin de «no
criminalizar a la pobreza y a los pobres» y buscar respuestas
proporcionadas y adecuadas a la «situación personal de los vendedores
ambulantes».
Antes de la punta de lanza judicial, ha asomado la gente de la calle:
ya son más de un millar las firmas recogidas entre ciudadanos y
colectivos en un documento en el que se clama igualmente contra la
persecución penal a los manteros, fruto del endurecimiento que – debido
a la presión de la omnipresente Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) y de ciertos lobbys de la industria – tuvo lugar con la
modificación del Código Penal en 2003.
De momento, sacando los paraguas por la lluvia que no cesa, una decena
de especialistas en Derecho Penal (inmigrapenal@gmail.com) ha parido un
documento titulado Escenarios jurídicos para la defensa de las personas
excluidas que venden copias grabadas, un manual de urgencia de 40
páginas distribuido a abogados, jueces y juristas en general. En él se
detallan 14 argumentos técnicos, legales y con referencias
jurisprudenciales para la defensa de los manteros. El trabajo, escriben
sus autores, «trata de responder al dolor provocado estérilmente por el
abuso del Derecho penal sobre personas extremadamente vulnerables.
Nadie puede adueñarse de lo que surge de la autoridad que da el
sufrimiento humano. Por eso estas líneas son de todos».
Arranca con unos versos de Luis Cernuda: «¿Cómo vive una rosa si la
arrancan del suelo?». Y el pie de página no puede ser más consecuente:
«Este trabajo puede y debe ser reproducido, plagiado y distribuido
públicamente por todos los medios».
Buena ‘música’ en la jurisprudencia
MADRID. – Existe una nutrida jurisprudencia
que avala la línea descriminalizadora por la que abogan los juristas
del manifiesto. Estos son algunos extractos de la sentencias más
significativas:
«El último eslabón».
«La posesión para una presunta venta callejera es el último eslabón del
comercio ilegal (...). Son personas que sólo buscan un medio para
ganarse la vida. El Derecho penal no puede entrar a condenar este tipo
de conductas insignificantes» (Audiencia Provincial de Madrid. 8 de
enero de 2008).
«Una actuación aislada».
«No es equiparable una actuación aislada como la del acusado con aquéllos otros que reproducen o venden los CD o DVD
y cuentan con una organización por medio de la cual lleva a cabo una
distribución de las mismas y una venta en masa» (Audiencia Provincial
de Burgos. 6 de octubre de 2006).
«No hay gravedad suficiente».
«Los abultados perjuicios que siempre se reclaman en estos casos se
corresponden con lucros cesantes presumidos legalmente pero nunca
materialmente constatados (...). Buscan una manera de ganarse la vida,
ciertamente ilícita, pero al menos no violenta ni peligrosa como otras
actividades criminales (...). No revisten la gravedad suficiente como
para merecer el grave reproche punitivo previsto (...). Es indudable
que el derecho de autor debe ser respetado y protegido, lo que sucede
es que no toda conducta infractora de la Ley de Propiedad Intelectual
debe tener necesariamente la grave respuesta del Derecho penal»
(Juzgado de lo penal 20 de Madrid. 25 de abril de 2008).
«Medidas menos lesivas».
«Para cantidades pequeñas debe haber otras medidas menos lesivas, como
el derecho administrativo» (Audiencia Provincial de Barcelona. 5 de
septiembre de 2006).
«Intervención mínima».
«Ha de acogerse en la interpretación de la norma, aquel aspecto del
principio de intervención mínima conforme al cual, ante la duda, en
relación con la escasa gravedad de la conducta y la confluencia de
otros ámbitos de protección, la aquí enjuiciada debe quedar al margen
del reproche penal» (Audiencia Provincial de Pontevedra. 26 de octubre
de 2007).
«Normas de orden público».
«Esta sala considera que la venta callejera de este tipo de productos
por personas que únicamente traten de ganar dinero para subsistir
pasará por la aplicación de normas de orden público que impida este
tipo de ventas, no por la intervención del Derecho penal» (Audiencia
Provincial de Vizcaya. 5 de julio de 2007).
Quizás sea normal que en tiempos revueltos se hagan apuestas politicas importantes. Lo que no debe ser normal es lo poco comentado de la nueva salida del Gobierno en materia penal. Lo que el diario El País ha calificado como "El Código Penal más duro de la democracia" ha pasado ampliamente desapercibidoentre la crisi financiera, la huelga de los jueces o la re-elección en el Consejo del Poder General.
Según dice el propio PSOE el Gobierno acomete la mayor reforma penal en trece años para evitar la impunidad con la aprobación del anteproyecto de reforma del Código Penal. Según dice el PSOE y el Gobiernos se "abre el camino a la
modificación penal más ambiciosa desde la acometida en 1995, con el
principal objetivo de no dejar resquicios a la impunidad".
Tras llover mucho y al calor de casos como el de Mariluz o Juana Chaos ha llegado la aprobación de este anteproyecto con el qiue se pretende aportar "tranquilidad y seguridad para los ciudadanos, que estarán más protegidos frente a quienes han quebrantado la ley". Toda una muestra de intenciones de un Gobierno que intenta llevar el protagonismo en un momento complicado.
Ya ni se disimula lo más mínimo, directamente Bermejo, ministro de Justicia, ha reconocido que esta reforma responde a una demanda social
ante recientes casos de agresión sexual. Este mismo ha recordado el compromiso
personal del presidente del Gobierno
tras la conmoción que provocó la muerte de la niña de Huelva Mari Luz
Cortés. Legislar al calor del impacto de noticias, no es nada bueno, pero si además lo reconoces es la entrada en una espiral cuanto menos compleja.
Poco ha removido este anuncio del gobienro que entre otras cosas permite la pena de libertad vigilada, una vez agotada la condena, de hasta 20 años de libertad
vigilada, lo que incluye medidas especiales como la de estar siempre
localizable, no poder acercarse ni comunicarse con su víctima, no
desempeñar determinadas actividades, no acudir o vivir en determinados
lugares, obligación de participar en programas formativos... El juez
puede imponer también el seguimiento con dispositivos electrónicos.
El Grupo de Estudios de Política criminal ha sido de las pocas voces críticas que se han escuchado en los medios de comunicación. Han criticado que la propuesta se hace "a golpe de telediario y de las páginas negras de la prensa escrita". En concreto han criticado "la introducción de
medidas penales cuya ejecución ha de producirse una vez cumplidas larguísimas
penas privativas de libertad (que, en su conjunto pueden alcanzar los sesenta
años de restricción de libertad, cifra sin precedentes en nuestra historia
jurídico-penal (más allá de la prisión perpetua), y que suponen la negación de
los más elementales principios que deben inspirar el Derecho Penal".
El placebo ya está siendo administrado por el Gobierno mientras el pais tiene unos 73.000 reclusos es decir, 156 por cada 100.000 habitantes frente a una
media de 102 de la Unión Europea, a pesar de la tasa de criminalidad
española se sitúa entre las más bajas europeas...
